La Paz, 26 de abril de 2026 (ATB Media). – Las personas en situación de calle son una realidad visible en la ciudad, pero su atención, especialmente en casos de salud mental, sigue siendo limitada. No pueden ser obligadas a recibir tratamiento, pero tampoco existe un sistema suficiente para atenderlas.
Vecinos de la zona Periférica, cuentan que desde hace varios años han convivido con una persona en situación de calle, indican que “andaba sin ropa” cerca de una unidad educativa por la avenida Gral. Juan José Torrez, y causaba temor, así como vergüenza a los comerciantes del lugar. Pero ese no sería el único espacio por el que transita, sino que, “según vecinos” también caminaría por la zona central de la ciudad.
Ante esta situación, llamaron en varias ocasiones a autoridades policiales, y, señalan, que solo lo retienen poco tiempo y posteriormente lo sueltan.
ATB consultó con diferentes autoridades gubernamentales y policiales cuál es el procedimiento y rol de cada institución respecto a esta población.
Desde la Defensoría del Pueblo la respuesta fue que desde la pasada gestión estuvo impulsando un Proyecto de Ley para establecer con claridad la función de los gobiernos departamentales y municipales, ya que al iniciar con esta investigación se detectó que “se lanzan responsabilidades” entre ambos gobiernos.
En el Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), indican que no se cuenta con ningún centro de acogida para esta población, y tampoco para casos psiquiátricos. La directora resaltó la necesidad de generar una normativa estatal que de prioridad a esta situación.
Por su parte, la Dirección de Atención Social Integral del Gobierno Municipal de La Paz (GAMLP) señaló que esta instancia, si bien no cuenta con una normativa específica para estas personas, el municipio sí tiene competencias al respecto. Cuentan con un centro de acogida para personas en situación de calle, este es gratuito y voluntario para quienes decidan asistir y permanecer, también tienen un programa de reinserción social donde trabajan con talleres para controlar el tema de la “adicción”, indica la directora.
Mientras tanto, desde la Policía Boliviana la acción es distinta. El Cnl. Zambrana del Comando Zona Sud, explica que su labor con estas personas es limitada debido a la falta de normativa. Según la Ley N°259, por la que se rigen, ellos actúan en casos de denuncias de alteración del orden público, proceden a retirarlos del lugar; sin embargo, no siempre es posible cumplir con la retención en el recinto policial, debido a que estas personas podrían causarse algún daño. Además, posteriormente deben dejarlos libres debido a que la norma no les permite detenerlos más tiempo, según explica el coronel.
En casos psiquiátricos, de ser necesaria atención médica, los llevan a la unidad de Emergencias del Hospital de Clínicas. Una vez allí, explica la Trabajadora Social, reciben la atención que requieran. Si llegan sin identidad, se los registra como pacientes NN (sin nombre) para afiliarlos al Sistema Único de Salud (SUS) y ser derivados a la especialidad que corresponda. De igual manera, una vez concluida esa labor, estas personas vuelven a las calles.
Las instituciones coinciden en que, si bien podría requerirse una política estatal, la atención no puede ser impuesta, ya que los procesos de tratamiento y rehabilitación dependen de la voluntad de la persona.
Mientras tanto, la condición de las personas en situación de calle continúa entre la atención parcial, la limitación institucional y un vacío estructural aún sin resolver.
Fuente: Sala de Redacción ATB Media