Mundo, 20 junio 2025 (ATB Digital).— El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil aprobó ofrecer seguridad vitalicia a sus ministros, tras registrar hoy un aumento de amenazas y tentativas de agresión, incluyendo un atentado con bomba al edificio de la corte en 2024.
En un contexto de creciente inseguridad institucional e intimidaciones dirigidas a magistrados, el STF garantiza protección institucional permanente a sus miembros, incluso después de su jubilación.
La medida fue impulsada por el presidente de la corte, Luís Roberto Barroso, y sometida a votación en el plenario virtual del tribunal. Hasta el momento, ya cuenta con mayoría de apoyo entre los magistrados.
Votaron a favor los ministros André Mendonça, Cristiano Zanin, Edson Fachin, Flávio Dino, Gilmar Mendes y Luiz Fux. La aprobación definitiva se espera para los próximos días, pero ya tiene carácter vinculante.
Según las reglas actuales, la protección personal a exministros solo se extiende por hasta seis años tras la jubilación.
Tal normativa había sido modificada en 2023 para permitir, bajo solicitud, una prórroga de tres años.
Sin embargo, Barroso considera que la situación actual requiere una respuesta más contundente y permanente.
En su justificación escrita, citó el aumento de «reiteradas amenazas graves», incluyendo el ataque con explosivos al predio del STF en noviembre, aún bajo investigación.
Alegó que «el contexto que fundamentó la ampliación anterior no ha mejorado. Al contrario, se ha agravado», recalcó al presentar la propuesta de cobertura vitalicia.
También el timonel del Supremo recordó que los riesgos no cesan con la salida del cargo.
«Por el grado de exposición pública del tribunal, los ministros siguen siendo blanco de hostilidades incluso tras su retiro», señaló. El episodio más simbólico fue la tentativa golpista del 8 de enero de 2023, cuando manifestantes adeptos del expresidente Jair Bolsonaro invadieron y vandalizaron las sedes de los Tres Poderes.
La sede del STF fue destruida y varios jueces sufrieron amenazas directas.
Además del atentado con bomba, en los últimos meses se documentaron casos de coacción a familiares, vigilancia de residencias y campañas de odio en redes sociales contra jueces del Supremo.
En este contexto, la decisión del Supremo representa una respuesta institucional firme ante el deterioro del clima democrático y los embates contra la independencia judicial.
Barroso señaló que se trata de una medida de «protección legítima y proporcional a la función pública ejercida y a los riesgos derivados del deber constitucional de defensa del Estado de Derecho».
La implementación técnica de la medida dependerá ahora de ajustes en la instrucción normativa de 2014, vigente desde entonces, que regula la seguridad institucional de los ministros del juzgado superior.
Fuente: Prensa Latina