La Paz, 23 de febrero (ATB Digital).- Ninguno de los dirigentes de organizaciones políticas, de la oposición y de otros sectores se reunieron con el relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas (NNUU), Diego García-Sayán, ni presentó hechos que sustenten persecución política por la administración del presidente Luis Alberto Arce Catacora y David Choquehuanca Céspedes.
Así lo aseguró García-Sayán en la presentación preliminar de sus observaciones sobre la situación del sistema judicial en el territorio nacional, con una previa aclaración de que se concertaron entrevistas con representantes del Gobierno, el sistema judicial, el Órgano Legislativo, líderes políticos, sectores de la sociedad civil, víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de derechos humanos y académicos.
“Se ha hablado de persecuciones políticas, yo no he tenido entrevistas con ninguna persona que me haya manifestado hechos que sustenten una persecución política; si hay otras situaciones que yo no he conocido, podría ser, pero en este caso yo no puedo responder con conocimiento de causa en sentido afirmativo a la pregunta (de si hay persecución política)”, sostuvo en conferencia de prensa en un céntrico hotel de la ciudad sede de gobierno.
ACUSACIONES DESVIRTUADAS
Con la afirmación de García-Sayán se desvirtúan las reiteradas acusaciones de Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC); de Luis Fernando Camacho, de Creemos; de Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional (UN); de Jorge Tuto Quiroga, de Acción Democrática Nacionalista (ADN); del prófugo de la justicia Carlos Sánchez Berzaín, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR); del denominado Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade); de Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, y de plataformas políticas de oposición, de una presunta persecución política a quienes están investigados por el golpe de Estado en 2019 y los involucrados en actos de corrupción en entidades públicas del Estado Plurinacional.
VIOLACIÓN A DDHH
El experto dijo que se constataron graves violaciones a los derechos humanos en el último trimestre de 2019, en medio de una violenta crisis política en la que 38 personas perdieron la vida en diversos lugares del país, y centenares fueron heridas.
“Como constató el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales y de particulares. Comparto la preocupación de muchos con el contenido y promulgación del Decreto 4078, sobre actuación de las Fuerzas Armadas, del 14 de noviembre de 2019”, precisó.
Señaló que su misión se reunió con las víctimas de las masacres de Senkata, Sacaba, y de la zona Sur (Pedregal). “Escuché testimonios muy conmovedores. Lamento profundamente que estas víctimas hayan pasado más de dos años esperando justicia sin conseguirla”, manifestó el relator Diego García-Sayán.