Yapacani, 2 ago 2018 (ATB Digital).- El presidente Evo Morales promulgó el jueves cinco decretos supremos y presentó dos proyectos de ley que serán analizados por la Asamblea Legislativa Plurinacional para favorecer a los productores campesinos del país, en el marco de la celebración del ‘Día de la Revolución Agraria’.
“Uno de los decretos establece que esa comunidad, sea ayllu, sea capitanía acceda a créditos, para ese crédito estamos disponiendo 400 millones de dólares, con fondo de garantía de 20 millones de dólares”, destacó el mandatario en un acto público.
Resaltó que el sector productor siempre cumple con sus obligaciones para pagar préstamos a los que tiene acceso desde que se implementaron las políticas de la Revolución Agraria, hace más de una década.
“Antes el Banco Agrícola era para los terratenientes sacaban crédito, nunca devolvía y pedían condonación”, agregó ante miles de personas que se congregaron en el municipio de Yapacaní del departamento de Santa Cruz.
El segundo Decreto que promulgó establece el control de contrabando de productos agropecuarios en el territorio nacional, mediante un sistema de registro único de agricultura familiar sustentable, que estará a cargo del Observatorio Agroambiental Productivo.
Según información oficial, el tercer Decreto es para la ampliación del programa ‘Nuestro Pozo’, para resolver el problema de riego en las comunidades afectadas por las sequías.
El Gobierno nacional decretó, también, el acceso a créditos bancarios para los pequeños productores que están dentro del Pacto de Unidad.
El Presidente promulgó, asimismo, un Decreto que viabiliza las compras estatales para las comunidades indígenas originario campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas, reconocidas como organizaciones económicas comunitarias.
Morales presentó, asimismo, dos proyectos de ley, uno que regula la quema involuntaria de bosques, para los pequeños productores agropecuarios de organizaciones económicas comunitarias medianas y empresariales.
Además de otro que refiere la lucha contra el robo de ganado (abigeato), para implementar políticas, estrategias y mecanismos de control de lucha contra ese delito, que establezca una sanción de reclusión de tres a seis años. (ABI)