Perú, 20 may 2019 (ATB Digital).- Un comité del Congreso peruano debatirá este lunes el futuro del cuestionado exfiscal general Pedro Chávarry, quien renunció al cargo en enero en medio de un escándalo, pero siguió integrando la cúpula de la fiscalía.
El legislador Juan Sheput culminó una investigación preliminar sobre los cargos contra Chávarry y recomendó que el Congreso lo destituya por integrar supuestamente una mafia judicial y obstruir las investigaciones judiciales.
Sheput recomendó, además, que Chávarry sea puesto “a disposición de la jurisdicción penal ordinaria para los fines pertinentes”.
Este caso será debatido por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento este lunes, pero la última palabra la dará el plenario del legislativo, único órgano facultado para destituirlo de su puesto de “fiscal supremo” (uno de los cinco miembros de la junta directiva de la fiscalía).
La propia sucesora de Chávarry como fiscal general, Zoraida Ávalos, presentó la semana pasada la acusación contra su colega, en un caso digno del guión de una película.
Desde que tomó la conducción de la fiscalía en enero, Ávalos ha impulsado las investigaciones anticorrupción, entre ellas una contra una mafia judicial de venta de sentencias, conocida como “Los Cuellos Blancos del Puerto” del Callao, integrada supuestamente por el cuestionado fiscal supremo.
Chávarry asumió como fiscal general en julio de 2018, dos semanas después de que salieran a la luz unos comprometedores audios de jueces, pero tuvo que renunciar al cargo en enero.
El propio presidente peruano Martín Vizcarra le había pedido que no asumiera como fiscal general, cargo para el que había sido elegido antes de que estallara el escándalo, pero Chávarry se aferró al puesto negando haber cometido irregularidades.
En señal de disgusto, ninguna autoridad del gobierno asistió a la ceremonia de juramentación de Chávarry, de 67 años.
La excepción fue el entonces presidente del Congreso, Luis Galarreta, quien asistió por orden de su líder, la opositora Keiko Fujimori, ahora en prisión preventiva en el marco de las investigaciones del escándalo de la constructora brasileña Odebrecht.
Los medios peruanos vinculan a Chávarry con el fujimorismo, lo mismo que al destituido juez de la Corte Suprema César Hinostroza, quien cuando iba a ser procesado escapó a España, donde ahora enfrenta un pedido de extradición que ya fue aprobado en primera instancia.
Golpe de timón
Chávarry intentó dar un golpe de timón en la fiscalía, al despedir el último día de 2018 a los dos fiscales más prominentes y populares de Perú, Rafael Vela y José Domingo Pérez, quienes conducían las investigaciones de Odebrecht que salpican a cuatro expresidentes peruanos, incluido el difunto Alan García; y a Keiko Fujimori.
Una ola de repudió popular y las críticas del gobierno llevaron a Chávarry a restituir a ambos fiscales y a presentar su propia renuncia una semana después.
Fue sustituido por Ávalos, quien ahora busca recuperar la credibilidad de la fiscalía echando a su cuestionado colega y ponerlo en manos de la justicia.
“Nosotros creemos que (Chávarry) ha obstaculizado la investigación” contra Keiko y entorpecido otras indagaciones del caso Odebrecht, declaró Ávalos el sábado en una entrevista con el diario El Comercio.
Chávarry, quien tiene desde hace cuatro meses prohibición de salida de Perú, negó integrar una mafia, aunque admitió que había mentido sobre un encuentro con el destituido juez Hinostroza.
“Me pusieron como ‘el señor que miente siempre’ por una sola mentira. Eso no me hace a mí partícipe de una organización criminal”, declaró Chávarry el viernes al canal RPP, al lamentar la recomendación del legislador Sheput.
“Esperemos que la cordura prime en la Subcomisión” del Congreso, agregó.
Aunque el fujimorismo tiene mayoría en la Subcomisión y en el plenario, el partido está debilitado y no actúa monolíticamente desde que su líder fue a prisión, en octubre.
(AFP)