La Paz, 25 jun 2019 (ATB Digital).- Alcatraz fue una de las cárceles de máxima seguridad en Estados Unidos. En Bolivia es el nombre que le dieron a una mujer que nació hombre. Hace 17 años se armó de valor y “salió del closet” para cambiar su orientación sexual y apariencia física, convirtiéndose en una mujer transexual.
La decisión tuvo consecuencias: salió de casa por el rechazo de su familia, varias puertas se cerraron por su nueva apariencia. Las opciones de empleo eran escasas “me ofrecieron 600 bolivianos pero no me alcanzaba para nada”. En su intento por sobrevivir decidió vender su cuerpo, exponiéndose a muchos riesgos.
Según un estudio de Capacitación de Derechos Humanos, el 41% de la población trans se suicida, por el rechazo de la familia, falta de vivienda y un trabajo digno.
Ante esta situación el 80% de las mujeres transexuales son trabajadoras sexuales, informó Tamara Núñez del Prado, ex Adjunta de la Defensoría del Pueblo y activista de los derechos humanos del colectivo de Trans, Lesbianas, Gays, Bisexuales e Intersexuales (LGBTI).
La intolerancia de algunos sectores de la sociedad al colectivo LGBTI, se refleja en el informe de la Defensoría. En los últimos doce años se registraron 66 casos de asesinato por homofobia y transfobia, de los cuales sólo uno fue penalizado.
A continuación podrá ver los 8 casos que se hicieron públicos en las ciudades de El Alto y Santa Cruz.
Entre los años: 2009 y 2011, se reportaron 7 asesinatos en las ciudades de Santa Cruz, Yacuiba y Trinidad, pero las victimas no fueron identificadas.
Del 2011 al 2018, 5 asesinatos sucedieron en Santa Cruz, y 3 en la ciudad de El Alto.
La Unidad de Estadística del Comando Departamental de la Policía en La Paz, informa que cuando se registra un homicidio sólo se limitan a identificar si el cuerpo es femenino o masculino, no existe una categoría para las personas trans asesinadas.
Y si hablamos del acceso de justicia, los activistas y representantes del colectivo trans, coinciden que existe un vacío jurídico para penalizar los crímenes de odio. Si bien el 2017 se logró incorporar un capítulo para la tipificación de delitos y sanciones en el Nuevo Código Penal, esté fue abrogado por la presión de los médicos y otros sectores sociales.
Al respecto el diputado del Movimiento Al Socialismo, Lino Cárdenas, lamentó que “muchos crímenes queden en la impunidad” ante la ausencia de una normativa.