Argentina, 21 dic 2020 (ATB Digital).- La denominada “jurisdicción universal” para delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos es la que permite a la Justicia argentina llevar adelante la investigación.
El abogado de la querella que encabeza el “Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos”, Rafael Ortiz, informó el sábado que se aguarda que la Cámara Federal de Córdoba, en Argentina, reactive las investigaciones para iniciar un juicio contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez por el delito de genocidio.
Ese Comité, que reúne a una serie de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, presentó una denuncia en contra del gobierno de Áñez en noviembre de 2019, la cual fue aceptada por esa instancia como “amicus curiae”.
“Nosotros estamos impulsando que la Cámara Federal de Córdoba, finalmente, habilite la posibilidad de investigar esos crímenes de lesa humanidad que denunciamos el 29 de noviembre del año pasado”, informó en una entrevista con el programa “Todas las voces”, emitido por radio Illimani.
Ortiz explicó que ese proceso fue paralizado por la apelación de un fiscal afín al gobierno de Bolivia en ese entonces; sin embargo, manifestó su confianza en que ese proceso se reencamine, ya que en Bolivia retornó “la institucionalidad”. “Desde Córdoba y Argentina queremos aportar para que definitivamente haya investigación, hacer juicio y haya castigo contra los denunciados del gobierno de facto”, manifestó el jurista argentino.
La denominada “jurisdicción universal” para delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos es la que permite a la justicia argentina llevar adelante la investigación.
La denuncia presentada por el Comité señala como responsables de delitos de lesa humanidad a la expresidenta Jeanine Áñez, a los exministros de Gobierno, Arturo Murillo; de Justicia, Álvaro Coimbra; de Defensa, Fernando López; de la Presidencia, Jerjes Justiniano; y de Comunicación, Roxana Lizárraga.
También apunta a los dirigentes opositores Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho; al excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman; a su sucesor, Carlos Orellana Centellas; así como el exjefe de la Policía Boliviana Vladimir Calderón, y a su actual reemplazo, Rodolfo Calderón.
La acusación sostiene que todos ellos participaron en la planificación y ejecución del presunto golpe de Estado que derrocó a Morales y a Álvaro García Linera. “Practicaron diversos actos de terror generalizado y sistemático contra las autoridades legítimamente electas y en ejercicio”, sostiene la denuncia.
Además, señala que antes, durante y después del denominado golpe, se persiguió a miembros del partido de Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS). “Para eliminar su participación política e institucional mediante torturas, vejaciones públicas, incendio, saqueos de viviendas y lugares públicos, secuestro de familiares y coacción, afectando su integridad física para imponer la renuncia de los funcionarios, así como la quema y pisoteo de símbolos indígenas como la wiphala”, según se puede leerse en la causa judicial.
Vía: La Estrella del Oriente
