La Paz, 12 feb 2021 (ATB Digital).- Las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 avanzan. Así lo demuestra un trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, el Ministerio Público y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).
Esta semana, luego de una etapa preparatoria entre el 23 de noviembre y el 20 de diciembre del 2020, el GIEI-Bolivia comenzó con la recolección de testimonios individuales de víctimas de los conflictos de 2019 en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto.
Desde el lunes 8 de febrero, familiares de fallecidos, heridos, detenidos y testigos de los hechos dan a conocer sus versiones para que el equipo de expertos internacionales pueda recolectar información y avanzar en las indagaciones. La labor es acompañada con verificación de material audiovisual sobre los sucesos.
Patricia Tappatá, una de las expertas del equipo internacional, indicó: “El GIEI en su conjunto otorga la mayor importancia a la información valiosa que las víctimas y testigos le ofrecen, y protege esa información con los estándares de cuidado y reserva que la normativa internacional en materia de derechos humanos recomienda”.
A eso se suma que el Ministerio Público haya informado el martes que el exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y general en retiro de las FFAA, Luis Fernando Valverde Ferrufino, fue imputado por los delitos de homicidio, lesiones graves y leves, tras los hechos de la masacre de la zona de Senkata de El Alto en 2019. Es uno de los primeros identificados entre los presuntos responsables.
Los resultados de las pericias de la Fiscalía realizadas en el caso de Senkata confirmaron que los proyectiles de arma de fuego de esa jornada salieron desde la planta de gas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y del convoy militar.
Dicho convoy habría recibido la orden del general de Ejército y exdirector de la ANH para reforzar el contingente militar que se encontraba al interior de la planta; presuntamente, los efectivos militares, bajo orden jerárquica y aquiescencia de sus superiores abrieron fuego, reprimiendo de esa manera a la población civil desarmada.
El convoy era parte de un operativo policial y militar para el reabastecimiento de combustible en un contexto de manifestaciones civiles a causa del conflicto postelectoral de 2019. Esa jornada, perdieron la vida 10 personas y 31 quedaron heridas.
Asimismo, el Gobierno nacional y el Ministerio Público entregaron información requerida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el avance de las investigaciones sobre los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en 2019.
“Estamos recibiendo importante información por parte de las autoridades del Estado y la Fiscalía General y seguiremos avanzando con la agenda de escuchar a las víctimas y tomar testimonios de todas las personas que quieran aportar información y acercarse al GIEI”, informó el secretario Ejecutivo del equipo internacional, Jaime Vidal.
El presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce, en su discurso en el acto oficial de conmemoración del XII aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, aseveró que la recuperación de la democracia no se limita al acto eleccionario.
“Significa trabajar para sanar las profundas heridas causadas por las masacres de Senkata, Sacaba y El Pedregal, y para esto se requiere memoria, verdad y justicia. El proceso de reconciliación y reencuentro entre bolivianas y bolivianos, no pasa por venganza, sino por justicia y de eso estamos muy conscientes”, afirmó.
“Por ello, como Gobierno, suscribimos el protocolo marco con los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para el desarrollo de la investigación de la violencia desatada durante las protestas postelectorales de 2019”, agregó el mandatario en esa oportunidad.