La Paz, 25 feb 2021 (ATB Digital).- El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este jueves que esa cartera de Estado cumplió con la Rendición Pública de Cuentas Final 2020, en la ciudad de Santa Cruz, donde se demostró que el gobierno de Jeanine Añez ejecutó sólo el 57,5% del presupuesto asignado para la gestión pasada e incumplió el 85% de los compromisos asumidos sobre diversas temáticas.
“Los compromisos asumidos por el propio gobierno de facto, o podemos llamarlo ahora el gobierno nefasto, nos demuestran que nunca les interesó la gestión de gobierno”, afirmó, citado en un boletín institucional.
La autoridad gubernamental expresó que también se detectó falta de profesionalismo de las personas que asumieron cargos en el Ministerio de Gobierno durante el régimen de Añez, puesto que se les aplicó un examen y “el 98 por ciento se aplazó con un 5 por ciento o un 3 tres por ciento de resultados, y no sabía qué actividades realizaba en la entidad estatal”.
Además, Del Castillo mencionó que en esa cartera de Estado se encontró una estructura de persecución policial en noviembre del año pasado, porque existía grupo minúsculo de efectivos de la entidad del orden que sembraba pruebas para procesar por la vía penal a quienes “no comulgaban con el gobierno de facto”.
Algo similar ocurría con funcionarios que cumplían la misma labor en el Servicio General de Identificación Personal (Segip) y en la Dirección de Migración, complementó.
“Encontramos 42 procesos penales iniciados con fines políticos de enjuiciar y meter a la cárcel a quienes pensaban diferente, quienes fueron perseguidos ilegalmente, porque se creó un aparato de persecución política a través de Migración, y hemos cesado esta persecución iniciada por el señor (Marcel) Rivas. Se tenía una lista de 491 personas con alertas migratorias injustificadas y el Segip remitió una lista de 592 personas de todas las tarjetas prontuarias, para perseguir políticamente y reprimir”, detalló.
El director de Planificación de esa cartera de Estado, Roberto Ríos, indicó que sólo seis de los 38 compromisos articulados a similar cantidad de resultados en el régimen de Añez fueron asumidos, es decir un 15%, por lo que se incumplió con el 85%.
“Es una clara muestra de que se han dedicado a perseguir y criminalizar, en vez de cumplir con sus roles como funcionarios públicos”, aseveró.
En respuesta a tales problemas, el Ministro de Gobierno explicó que comenzó a trabajar y reconstruir todos los planes y los proyectos abandonados durante el régimen de Jeanine Añez y su antecesor, Arturo Murillo, por lo que logró entablar reuniones de coordinación con todos los actores que comprenden la seguridad del Estado, para solucionar conflictos mediante la mediación y la gestión porque “antes, lo único que sabían era meter palo, bala y meter a las cárceles a la gente que pensaba diferente”.
Señaló que actualmente se realizan las propuestas para modificar la Ley 348, para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, y la entrega de equipamiento a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).
“Se reactivó el Plan BOL 110, se aprobó el Decreto Supremo 4419 para anular las multar a los chóferes que circularon sin autorización durante la cuarentena, y se recuperó el modelo de erradicación y concertación de la coca”, agregó.
La autoridad estatal manifestó que en los últimos tres meses se creó la Dirección de Apoyo a la Prevención del Consumo de Drogas, que generará un ahorro de $us 3 millones por año al Estado; se conformó el Consejo de Política Integral para la Eliminación del Tráfico Ilícito de Sustancia Controladas, Coca Excedentaria y Prevención de Consumo de Drogas, junto al Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras; y se reactivó el Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos.
Además, indicó que el Ministerio de Gobierno continúa en la gestión del proyecto de Decreto de Indulto y Amnistía, además del seguimiento a ocho procesos de corrupción cometidos en la gestión de Arturo Murillo, como la compra de proyectiles de gases lacrimógenos, en la que “le robó al pueblo boliviano más de 7 millones de bolivianos”, y de equipos de seguridad para el Comando Estratégico, que también tuvo un direccionamiento deshonesto, entre otras tareas.
“Siempre vamos a garantizar transparencia e institucionalidad dentro del Ministerio de Gobierno, es por eso que continuamos las investigaciones y los procesos de auditoría, es por eso que las próximas semanas saldrán los siguientes resultados para seguir comunicando al pueblo boliviano que este gobierno de facto, que nunca más puede volverse a repetir en nuestra historia, no va a cometer nunca más persecución política, no va a perseguir a la gente, no va a asesinar a la gente que piensa distinto y tampoco se va a robar los recursos del pueblo boliviano”, concluyó.
(ABI)