La Paz, 27 feb 2021 (ATB Digital).- La viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, informó que la justicia imputó este viernes a Eidy Roca, ministra de Salud del régimen de Jeanine Áñez, por la compra irregular de 324 respiradores chinos. También dijo que se espera la imputación del exembajador Mohammed Mostajo por este mismo caso.
Ríos, entrevistada este viernes en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, hizo un repaso al estado de los procesos referidos a las compras irregulares de respiradores chinos y españoles durante el gobierno de facto.
El primer caso se refiere a la compra de 324 respiradores para atender a los pacientes graves de COVID-19. La investigación determinó que en realidad no se trató de respiradores que pueden ser usados en terapia intensiva, sino de ventiladores que solo sirven para emergencias.
Además, cada equipo fue comprado en $us 30.000, pero la fábrica certificó que el costo real fue de $us 8.000.
Es decir, indicó la Viceministra, que se evidenció un daño económico superior a los $us 6 millones.
“Está implicada la exministra Heidi Roca, cuya imputación formal se ha conocido hoy y resulta que en este caso se ha comprado 324 respiradores, cuando en realidad eran ventiladores (…) de origen chino. Hay un estimado de daño económico al Estado que está oscilando en más de $us 6 millones”, informó Ríos.
Señaló que en este caso está también involucrado Mohammed Mostajo, exembajador de Ciencia y Tecnología de Jeanine Áñez.
El otro caso mencionado por la Viceministra es el referido a la compra de 170 respiradores españoles. La pesquisa descubrió que no se trató de respiradores, sino de ventiladores para uso de emergencias.
Cada equipo fue adquirido por el gobierno anterior a un costo de $us 28.000, pero luego la fábrica hizo saber que cada unidad fue vendida en € 6.600 (euros). Es decir, en este caso también se evidenció sobreprecio.
Ríos dijo que en este caso está involucrado Marcelo Navajas, exministro de Salud de Áñez.
Al respecto, la Viceministra dijo que se pidió a la justicia que la exautoridad sea procesada no solo por uso indebido de influencias, sino por daño económico al Estado e incumplimiento de deberes, entre otros tipos penales.
(Agencia Boliviana de Información)