La Paz, 11 mar 2021 (ATB Digital).- El exrepresentante del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, sostuvo este jueves que los delitos cometidos por grupos de choque como la Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), dirigidos por líderes regionales en los hechos de violencia de 2019, deben ser investigados y castigados con la ley.
“En aquella época, la violencia dirigida tanto por la Unión Juvenil Cruceñista (en Santa Cruz) y la RJC en Cochabamba, incluso algunos grupos de resistencia en La Paz, era orientada políticamente y motivada por liderazgos regionales y locales de la oposición en una persecución política que recordaba las peores épocas dictatoriales que conoció Bolivia. Es la cosa que hay que erradicar para una democracia plena respetuosa de los derechos humanos”, aseguró.
Luego de las elecciones presidenciales del 2019, con el pretexto de supuestos indicios de fraude electoral, se generaron movilizaciones en diferentes sectores del país, una crisis política y la salida del entonces presidente Evo Morales del Gobierno, quien denunció un golpe de Estado.
“Al momento del golpe de Estado, un autor intelectual de estos delitos fue el actual elegido (Gobernador) en Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; pero, hoy en día, hasta qué medida están implicadas altas autoridades regionales en esta actividad, se debe investigar”, sostuvo Racicot.
Indicó que los hechos de violencia de 2019 que provocaron la quema de material electoral e infraestructura, el secuestro de funcionarios del Tribunal Supremo Electoral, entre otros actos, privaron a la ciudadanía del derecho democrático del ejercicio político.
“Lo hemos visto en Cochabamba. La actuación de la RJC se dirigió especialmente a las mujeres, a las mujeres indígenas. Recordemos lo criminal que fue el secuestro de la Alcaldesa de Vinto (Patricia Arce) en su momento. Una violencia fenomenal”, sostuvo.
“Todas esas actividades son totalmente criminales, fuera de la ley; deben ser proscritas e investigadas, y los autores, si se comprueba en forma completa, adecuada, respetando sus derechos, que fueron implicados en los hechos de forma criminal, deben ser castigados por la ley”, añadió.