La Paz, 14 mar 2021 (ATB Digital).- La noche del último sábado, autoridades y medios de comunicación informaban de la captura del cabecilla del grupo autodenominado “Resistencia Juvenil Cochala”, Yassir Steven Molina Lozada, tras un operativo policial en la ciudad de Quillacollo en el departamento de Cochabamba.
Molina, quien durante el régimen de Jeanine Áñez alcanzó notoriedad por sus acciones de estilo militar al frente de “la resistencia”, hoy es acusado, según informó el periódico La Razón, de una serie de delitos que van desde organización criminal con fabricación ilícita y uso de armas no convencionales hasta la ejecución de atentados contra bienes públicos, así como la ejecución de acciones que impidieron y estorbaron el ejercicio de sus funciones a autoridades y la destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, privación de libertad y daño calificado.
Sin embargo, ya el 16 de septiembre del 2020, según reportó el periódico Opinión, Molina ya estaba siendo requerido por la justicia, cuando debió presentarse a declarar ante la Fiscalía por los delitos de atentado contra la salud pública, incitación a delinquir y asociación delictuosa, además de otros dos casos en los que fue citado para declarar como testigo.
Todos estos casos se suman a otros también denunciados contra otros miembros de la Resistencia, entre ellos el ataque con arma blanca al periodista Adair Pinto que fue apuñalado en el abdomen presumiblemente por un hombre de la RJC, según dijo también Opinión que también reportó que una joven que se presume es parte de esa agrupación, intentó ingresar con armas de fuego a la oficinas de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba durante los conflictos postelectorales de noviembre de 2019.
Por todos estos hechos tan sólo el jueves de la semana pasada el exrepresentante del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, sostuvo que los delitos cometidos por grupos de choque como la Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), dirigidos por líderes regionales en los hechos de violencia de 2019, deben ser investigados y castigados con la ley.
“En aquella época, la violencia dirigida tanto por la Unión Juvenil Cruceñista (en Santa Cruz) y la RJC en Cochabamba, incluso algunos grupos de resistencia en La Paz, era orientada políticamente y motivada por liderazgos regionales y locales de la oposición en una persecución política que recordaba las peores épocas dictatoriales que conoció Bolivia. Es la cosa que hay que erradicar para una democracia plena respetuosa de los derechos humanos”, aseguró.
Otro hecho en el que se implicó a otros miembro de la RJC, ocurrió el 06 de noviembre pasado cuando varios medios de comunicación informaron de la detención Mario Bascopé Revuelta, quien aparece en videos y fotos juntos Yassir Molina y que fue enviado con detención preventiva a un centro de reclusión del departamento de Santa Cruz por el presunto delito de tráfico de sustancias controladas, aunque, Molina salió en defensa de su compañero y denunció que el caso fue supuestamente manipulado en la justicia.
Según reportes de prensa, Molina también fue denunciado el año pasado por dos abogados por los mismos delitos por los que hoy se lo acusa, la demanda, interpuesta Arturo Aliaga y Rolando Cruz quienes se constituyeron en partes querellantes en contra de Molina consideraron que ha cometido actos fuera de la ley en las protestas que comandaron tanto en Cochabamba como en Santa Cruz, donde sus grupos dirigieron a distintas plataformas ciudadanas en contra de los resultados de las Elecciones Generales 2020 del 18 de octubre.
Lo que han resaltado Aliaga y Cruz, según ABI, es que el miembro de la RJC ha incitado y promovido la posibilidad de que las Fuerzas Armadas del país tomen el mando, en lugar de que se dé curso a la posesión de Luis Arce y David Choquehuanca como presidente y vicepresidente electos.
Los medios de comunicación de Cochabamba también reportaron el 07 de julio de 2020, que Molina junto a su agrupación, habían amenazado con cortar el suministro de agua potable en cisternas a los pobladores de la zona sur de la ciudad, una de las más empobrecidas de la urbe, aunque luego se retractó, lo que sin embargo, no evitó que su agrupación organice para echar basura en los domicilios de autoridades como la gobernadora Esther Soria o el alcalde José María Leyes.
También el año pasado, la diputada Noemí Quispe (MAS) también anunció que ampliaría la denuncia contra Yassir Molina, líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) por el delito de violencia y acoso político hacia las mujeres, todo esto a causa de las agresiones que sufrieron militantes del MAS en la plaza 4 de Noviembre.