La Paz, 27 abr 2021 (ATB Digital).- El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, señaló este martes que la justicia debe investigar el daño económico a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianas (YPFB) y sus subsidiarias ocasionado por autoridades del gobierno de Jeanine Áñez en 2020, según reporte de ABI.
“La justicia tiene que actuar, como YPFB somos parte de las víctimas, una vez que se hagan las investigaciones se tiene que mostrar el daño económico y conocer cómo se han administrado las empresas de los bolivianos”, precisó en entrevista en Radio Patria Nueva
El presidente de YPFB, Wilson Zelaya, informó el lunes que el régimen de Jeanine Áñez solicitó Bs 12,8 millones de un presupuesto exigido a ocho filiales y subsidiarias de la estatal petrolera para un plan de unidades médicas de emergencia por el COVID-19 durante la gestión 2020, de los cuales al menos $us 1,21 millones fueron ejecutados de manera irregular.
La Resolución Ministerial 031-2020, del 23 de marzo de 2020, fue el instrumento con el cual los involucrados realizaron el movimiento de recursos para el Plan Social de Prevención y Control de Contagios de Coronavirus COVID-19 (UMEC-YPFB).
“Recomendar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y sus empresas filiales y subsidiarias que, de manera extraordinaria e inmediata, destine recursos económicos necesarios para la compra de insumos médicos y material de prevención para la lucha contra el COVID-19, así como para las Unidades Médicas de Emergencia Contra el Coronavirus”, menciona ese documento.
Además, esta Resolución Ministerial conminaba a “disponer que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y sus empresas filiales y subsidiarias quedan encargadas de la realización, ejecución y cumplimiento de la presente Resolución Ministerial”. Es decir que: Transporte, Andina, Chaco, GTB, Transierra, Refinación, Air BP Bolivia y Logística, desembolsaron los $us 1.850.000 en diferentes porcentajes, de los cuales $us 1.210.000 fueron ejecutados de manera irregular.
Otras irregularidades encontradas fueron, que para ejecutar adquisiciones y compras para el UMEC-YPFB no se hizo cotizaciones ni licitaciones que permitan conocer si los precios pagados fueron competentes con los del mercado como establece cualquier tipo de contratación estatal. Además, en ninguno de los casos los bienes adquiridos por las subsidiarias y filiales entregados a YPFB ingresaron por almacenes, lo que evidencia el incumplimiento de procedimientos.
Áñez designó a Herland Solís como presidente de la estatal petrolera el 16 de diciembre de 2019 y apartado del cargo el 7 de mayo en medio de denuncias de irregularidades en contratos de combustibles, seguros y alimentos y de despidos masivos en empresas subsidiarias.
Solís y el exministro Víctor Hugo Zamora fueron también denunciados por presunta conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, tras la paralización de la Planta de Amoniaco y Urea de Bulo Bulo. Ambas exautoridades fugaron del país.
Fuente: ABI