La Paz, 30 abr 2021 (ATB Digital).- La Procuraduría General del Estado de Bolivia dio a conocer, este viernes, las conclusiones de un informe enviado a la Organización de Naciones Unidas (ONU) respecto a los hechos ocurridos en 2019 por los conflictos postelectorales.
El informe “Comunicación conjunta de los procedimientos especiales, Desarrollo de las protestas y otras situaciones de tensión derivadas tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 en Bolivia” establece cuatro conclusiones.
En el ejercicio de la representación jurídica de la defensa legal del Estado, la Procuraduría General del Estado indica, en su primera conclusión que, a raíz de los conflictos postelectorales de 2019, “Bolivia sufrió la ruptura del orden constitucional como consecuencia de un golpe de Estado perpetrado por dirigentes cívicos, policías, militares, grupos parapoliciales, quienes ejerciendo violencia extrema vulneraron derechos humanos de la población”.
Resalta, en su segunda conclusión que, una vez instaurado el régimen de facto de Jeanine Áñez Chávez, el pueblo boliviano atravesó por un periodo de represión de las protestas sociales, de persecución política a dirigentes del partido MAS-IPSP y exautoridades del gobierno de Juan Evo Morales Ayma.
Menciona también que el pueblo boliviano rechazó, de forma democrática, las políticas del régimen de facto y eligió a Luis Arce en las urnas. El Presidente asumió en noviembre de 2020, después de recibir un apoyo del 55,11% de los votos válidos en las elecciones presidenciales del domingo 20 de octubre, según datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
“Ese porcentaje de preferencia electoral, desvirtúa materialmente la narrativa del presunto fraude”, se lee en la tercera conclusión.
El documento incluye que el Gobierno se comprometió a viabilizar la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI–Bolivia) que investiga los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país entre el 01 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
“El gobierno de Luis Arce Catacora asumió el compromiso de investigar las vulneraciones de derechos humanos sucedidos durante el gobierno de facto y sancionar a los responsables; a este efecto, actualmente, se desarrollan las investigaciones por las masacres de Sacaba y Senkata; viabilizó la labor del GIEI y genera espacios de coordinación con las víctimas para poder otorgarles una reparación integral”, indica en su cuarta conclusión.
Fuente: ABI