La Paz, 22 may 2021 (ATB Digital).- El abogado y experto en derechos humanos de la Universidad de Harvard de Estados Unidos, Thomas Becker, dijo que la comunidad internacional tiene “muy claro” que en Bolivia no hubo una transición democrática en 2019 porque un presidente no puede renunciar bajo amenazas.
“Para la comunidad internacional está muy claro que legalmente no fue una transición democrática. Cuando un presidente tiene que renunciar bajo amenaza, no es una transición democrática”, manifestó en una entrevista con la agencia de noticias internacional Sputnik.
Becker está vinculado a la población de El Alto desde antes de la masacre de Senkata. Lleva varios años representando legalmente a víctimas de la denominada Guerra del Gas (2003) en juicios contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) realizados en Estados Unidos, donde vive exiliado desde 2003.
El experto agregó que “cuando hay grupos privados, como miembros de la Iglesia, de la oposición, del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, que no son elegidos, pero deciden quién va a ser presidente, eso no es una transición democrática”.
Además, observó que los golpistas no siguieron la sucesión constitucional trazada previamente en 2005, cuando renunció quien entonces era presidente, Carlos Mesa, su vicepresidente, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados.
En ese momento, el Congreso deliberó y tuvo que cumplir el mandato Eduardo Rodríguez Veltzé, quien hasta entonces era presidente de la Corte Suprema.
El presidente improvisado llevó adelante el proceso electoral hasta que Morales ganó la Presidencia, a finales de 2005.
“Según la ley boliviana, hay cuatro personas que pueden ser presidentes. Después de esta línea, la Cámara tiene que decidir qué se hace”, tal como ocurrió tras la renuncia de Mesa y sus sucesores, añadió.
“Un grupo de civiles ha ignorado este precedente, lo ha rechazado, y ha decidido que iban a nombrar a Áñez. Eso no es democrático. Más allá de que si hubo fraude o no, o si Evo Morales es Dios o el diablo, no pueden hacer una transición como la que hubo. Por eso la comunidad internacional sostiene que fue un golpe”, señaló.
A su juicio, “las instituciones más importantes de derechos humanos han investigado y todas han visto estas vulneraciones de derechos. Han visto que hubo masacres en Sacaba [Cochabamba, el 15 de noviembre de 2019], en Senkata [El Alto, el 19 de noviembre de 2019], y la persona a cargo de las tropas era Áñez”.
“Muchas personas ahora intentan politizar su detención, pero ella ha cometido violaciones de derechos humanos y las víctimas merecen justicia”, expresó el abogado.
De acuerdo con el especialista de la Clínica Internacional de Derechos Humanos —IHRC, por sus siglas en inglés— en Harvard, entidades como Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional, la propia Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otras instituciones globales, “han documentado la violación muy extrema de derechos humanos durante el Gobierno de Áñez”.
El experto presentó los argumentos luego de que la expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020) volvió a manifestarse en las redes sociales para defender su inocencia como “presa política”, frente a las nuevas investigaciones anunciadas por la Fiscalía de Bolivia. Tales procesos judiciales se suman a las acusaciones por el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales en 2019.
El gobierno de facto dejó un saldo de 37 asesinados por balas policiales o militares durante las protestas sociales luego de la asunción de Áñez.
Sin embargo, la expresidenta y exsenadora por el departamento de Beni (centro-norte) remarca que aún no se presentaron pruebas de que haya tomado el poder ilegalmente desde su arresto el 13 de marzo.
“Han pasado más de dos meses desde que se ordenó mi detención preventiva. Desde aquel momento los fiscales no han presentado una sola prueba que me vincule a los delitos acusados de conspiración, sedición y terrorismo”, publicó Áñez en su cuenta de Twitter.
“Y nunca lo podrán hacer, porque sencillamente lo único que hice fue cumplir con mi deber en la sucesión constitucional, avalada incluso por el propio Tribunal Constitucional”, agregó la expresidenta en su publicación, en la cual se declaró una vez más “presa política”.
Los abogados Ariel Coronado y Luis Guillén, quienes integran el equipo de defensa de Jeanine Áñez, no atendieron las llamadas e intentos de Sputnik para actualizar su situación penal y las condiciones en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores, donde se encuentra presa.
Sin embargo, el último tuit de Áñez del 20 de mayo pasado da cuenta de que recibió la visita “en su celda” del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Organización de la OEA, quienes investigan lo ocurrido en el turbulento último trimestre de 2019.
Ante el GIEI, Áñez defendió la legalidad de sus acciones previas y posteriores a su asunción como presidenta, el 12 de noviembre de 2019, dos días después de que Evo Morales (2006-2019) fuera derrocado. Asimismo, un sector de la sociedad boliviana niega que lo ocurrido el 10 de noviembre de 2019 haya sido un golpe de Estado.
“Estamos en una situación muy polarizada en Bolivia en este momento. Hay muchas opiniones”, dijo Becker sobre ese tema.
Áñez fue apresada en Trinidad, capital de Beni, el 13 de marzo pasado. Se le involucra en casos de corrupción durante su gobierno, también se la acusa de delitos cometidos durante su toma del poder. Pero aún no ha sido notificada formalmente por las masacres que dejaron un total de 37 muertes.
Todas ellas fueron viabilizadas por el decreto 4078 —firmado por la entonces presidenta y su gabinete—, según el cual los militares que usaran sus armas contra la población quedarían eximidos de cargos ante la justicia civil.
Las masacres ameritan un juicio por responsabilidades contra ella y su gabinete. Para motorizar este proceso, el Gobierno de Luis Arce espera a que el GIEI presente su informe definitivo. Tenía que hacerlo en mayo, pero días atrás anunció que se retrasará hasta julio, con la excusa de las complicaciones generadas por la pandemia de COVID-19, además de que se debe analizar muchísima documentación.
Por su parte, la defensa de Áñez advirtió que presentará una acción de libertad a su favor, para que goce de prisión domiciliaria. En ese documento, argumentarán que en dos meses nada avanzó la investigación para demostrar que la expresidenta incurrió en delitos como sedición y terrorismo.
“No existe ningún elemento objetivo que los pueda llevar a sostener esta teoría que tiene el Ministerio Público. En estos dos meses no ha existido un elemento investigativo que logre sostener esta hipótesis”, dijo Guillén, su abogado, a la FM Correo del Sur
Como si se tratara de un juego de cartas, la parte acusatoria le asignó más acusaciones a Áñez, en un intento por evitar que salga de la cárcel, lo cual sería tomado como una derrota política para el Gobierno de Arce, quien constantemente recuerda los desaguisados cometidos en el país por la gestión golpista.
En marzo pasado, Áñez fue procesada por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración, a raíz de una denuncia formulada por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty. En este caso, el principal acusado es el empresario cruceño y ahora gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Pero hasta ahora ninguna acción judicial fue esgrimida contra él.
También están denunciados en esta causa José Luis Camacho, padre del gobernador, algunos exjefes militares y policiales. Además figuran varios de sus exministros, como Álvaro Coimbra (Justicia) y Rodrigo Guzmán (Energías), quienes también están presos.
“Comunico a su autoridad la ampliación de la investigación en contra de Jeanine Áñez Chávez por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, tipificado y sancionado”, dice el documento de la Fiscalía entregado al Juez Décimo de Instrucción en lo Penal Cautelar de La Paz.
También se aceptó otra denuncia contra Áñez efectuada por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, ya que habría asumido de forma ilegal la presidencia de la Cámara de Senadores en 2019 y luego la presidencia del Estado Plurinacional.
Esta nueva acusación abarca los delitos de sedición, conspiración, atribución de los derechos del pueblo, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, anticipación o prolongación de funciones, asociación delictuosa e incumplimiento de deberes.
El camino hacia la justicia para las víctimas del golpe de 2019 tiene obstáculos y presiones, con la intención de que se abandonen las investigaciones y se olviden los delitos cometidos por el Estado contra su población.
Entre los obstáculos, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, denunció que desaparecieron documentos de oficinas militares, entre los cuales estaban los planes de operación de las Fuerzas Armadas cuando se cometieron las masacres investigadas por el GIEI.
“A través del comandante en jefe se han hecho estos requerimientos y en muchos casos la documentación está perdida, no existe. Al parecer, los autores se han llevado la documentación o han borrado las huellas”, dijo Novillo.
La pérdida de documentación “ha derivado en que se generen procesos internos de responsabilidad al interior de las Fuerzas Armadas, al interior del Ejército, la Fuerza Aérea y la Naval, con la finalidad de establecer a los responsables que han borrado, ocultado o han hecho perder esta documentación”, agregó.
En el plano internacional, las presiones llegaron desde el Parlamento Europeo, que emitió una resolución para pedir la liberación de Áñez y otros considerados “presos políticos” del Gobierno del MAS.
Para Becker, estas actitudes de la comunidad internacional obedecen a su interés en que no se conozca su desempeño durante el lapso de atropello a la Constitución boliviana. En el caso del Parlamento Europeo, ya es sabido que el embajador de la Unión Europea participó de la reunión en la Universidad Católica Boliviana (UCB) en noviembre de 2019, cuando se definió a puertas cerradas cómo sería la sucesión constitucional luego del derrocamiento de Morales.
Días atrás, el medio estadounidense The Intercept reveló que desde octubre de 2020 hasta enero de 2021, representantes del Departamento de Justicia del Gobierno de Donald Trump habían hostigado mediante correos electrónicos a Jack R. Williams y John Curiel, especialistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts —MIT, por sus siglas en inglés—.
Williams y Curiel habían realizado un estudio de las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019, que fueron anuladas ante denuncias de fraude contra el MAS. Los investigadores demostraron que el proceso había sido limpio, con lo cual contradecían al informe presentado por la OEA, que justificó el accionar de los sectores golpistas.
Con amenazas permanentes de llamarlos a declarar, el Departamento de Justicia habría desincentivado que otros investigadores analizaran lo que realmente ocurrió en Bolivia durante los días previos y posteriores al golpe contra Morales, según denunció The Intercept.
“No me sorprenden las amenazas contra los investigadores del supuesto fraude. Desde la asunción ilegal de Áñez, el Gobierno de Estados Unidos la apoyó inmediatamente. El Gobierno de Trump nada dijo sobre las masacres, sobre los presos políticos”, afirmó Becker.(ABI)