La Paz, 14 jun 2021 (ATB Digital).- Ante el manuscrito de Jeanine Áñez donde indica que está secuestrada y que le inventan cargos, el diputado del MAS, Juanito Angulo, dijo este domingo que hay suficientes elementos de convicción para los tres juicios de responsabilidades y que los legisladores que se opongan a esos procesos se convertirán en cómplices de la exmandataria de facto.
El legislador, en declaraciones en un salón de Radio Patria Nueva, indicó que el Legislativo se apresta a considerar los juicios contra Áñez en los casos denominados Fundempresa, crédito del Fondo Monetario Internacional y violaciones a la libertad de expresión durante el régimen de facto.
“La Asamblea Legislativa tiene que aprobar para que se enjuicie, se dé el procesamiento ante estos hechos que tienen muchos elementos de convicción para llevar adelante el procesamiento”, indicó el legislador quien anticipó que quienes se opongan a dichos procesos de responsabilidades se convertirán en cómplices de Áñez.
Los primeros días de junio, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional los requerimientos acusatorios contra Jeanine Añez Chávez y contra sus excolaboradores, para juicios de responsabilidades por los casos Fundempresa, crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) y violación a la libertad de expresión.
Uno de estos casos se refiere a que el Gobierno de facto, a través de un decreto supremo, concedió de manera irregular un Registro de Comercio por 15 años a Fundempresa.
Otro proceso tiene que ver con Añez y sus colaboradores quienes fueron acusados por Resoluciones Contrarias a la Constitución y Conducta Antieconómica, cuando de manera ilegal y sin autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través del Decreto Supremo 4277 de 26 de junio de 2020, se dispuso la transferencia de recursos a través del IFR, para hacer efectivo el crédito de Bs 2.244.356.358,48 ante el FMI. Ese proceso generó desde el mes de abril, un daño patrimonial al Estado por cobro de intereses cuyo monto final asumido por el Estado ascendió a $us 24,3 millones, indica el reporte de prensa del Ministerio de Justicia. (ABI)