La Paz, 23 jun 2021 (ABI).- El
presidente del Parlamento Andino, Adolfo Mendoza, dijo que el país debe
estar atento al informe de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) respecto a las violaciones a los derechos humanos durante
el “régimen de Jeanine Áñez”. Con ese antecedente, se activarán nuevos
juicios contra quienes resulten responsables.
Mendoza fue entrevistado este martes en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv.
“Van a ser vitales estos informes para,
de una vez, entrar en una decisión como país. A partir de que se cayó (a
la oposición) el relato del ‘fraude monumental’ (en los comicios
nacionales de 2019) y de la ‘sucesión constitucional’, ahora el país
debe avanzar en la conformación de los juicios, entre ellos el juicio de
responsabilidades y ahí el informe de Derechos Humanos es de vital
importancia”, indicó.
La CIDH anunció que pospuso hasta julio
la presentación de su informe final sobre las masacres políticas
ocurridas en noviembre de 2019 en Bolivia.
“Con la publicación del Informe Final,
previsto para el mes de julio de 2021, el Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) dará a conocer sus conclusiones
sobre los hechos investigados y sus recomendaciones”, dijo la CIDH en un
comunicado citado por la agencia Sputnik.
La investigación se centra en la muerte
de al menos 37 personas, la mayoría víctimas civiles de la represión
policial-militar ordenada por la presidenta transitoria Jeanine Áñez,
quien tomó el poder tras el derrocamiento de Evo Morales.
Esa crisis se produjo tras las
elecciones de octubre de 2019, cuando denuncias de un supuesto fraude de
Morales fueron seguidas por protestas callejeras violentas, un motín
policial y un pronunciamiento militar que forzaron la renuncia del líder
indígena.
Los asesinatos de manifestantes civiles
contra la ruptura del orden democrático fueron calificados como masacres
por una misión de la CIDH que visitó Bolivia entre noviembre y
diciembre de 2019.
El GIEI debía presentar su informe a
fines de mayo, pero se acordó la prórroga “no solo por las dificultades
que impuso la pandemia, sino también por la gran cantidad de material
solicitado a los órganos estatales, los que necesitaron de plazos
razonables para compilar la información”, dijo la CIDH.