La Paz, 22 jul 2021 (ATB Digital).- El
pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves, por mayoría, en sus
estaciones en grande y en detalle, el Proyecto de Ley N°224/2020-2021
de “Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública
(FARIP)”.
El presidente de la Comisión de
Planificación, Política Económica y Finanzas, Omar Yujra, informó que la
norma surge tras los resultados de la ineficiente administración en el
régimen de facto, antes de la pandemia.
“El mal manejo de sus tres ministros (de
Economía) que, desde el primer día que empezaron (a trabajar)
paralizaron la inversión pública y dejaron de hacer transferencias, no
solo en los aspectos productivos, sino también en lo social; y a partir
de eso, se dio la caída de la economía antes de la pandemia”, expuso el
diputado en su intervención.
Yujra explicó que, producto de la
ineficiente administración, se paralizaron las dos fuentes de ingreso
más importantes del Estado, como son las empresas públicas y la
recaudación tributaria, las cuales dejaron de generar recursos, siendo
que en 2019 tuvieron utilidades de Bs 3.526 millones.
En el caso de la recaudación tributaria,
sostuvo que después de que colocaran como gerente a Mario Nava Morales,
hombre de confianza del exlíder del Comité Cívico Pro Santa Cruz y
actual gobernador cruceño, Fernando Camacho, la recaudación cayó en un
23% y el país perdió cerca de Bs 13.000 millones.
Remarcó que, finalmente, esa recaudación
se tradujo en enormes pérdidas de recursos de coparticipación
tributaria para municipios, gobernaciones y universidades públicas.
“Es así que, a falta de ingresos, la
inversión pública se redujo en un 66%; el desempleo subió a cerca de
11,6% y la actividad económica se contrajo en un 11%”, aseveró.
En esa línea, el ministro de Economía y
Finanzas Publicas, Marcelo Montenegro, destacó los avances de la
economía boliviana que, con prioridad, atiende la reactivación
económica, el área de Salud y Educación.
Explicó que, entre diciembre de 2018 y
octubre de 2020, la inversión pública ejecutada de manera mensual
registró cifras en rojo; por ejemplo, en diciembre de 2018 la inversión
pública llegó a $us 763 millones, en octubre del mismo año registró $us
375 millones, en los conflictos de noviembre y la gesta del golpe de
Estado bajó a $us 212 millones.
“En junio de 2020, en lugar de
incrementar, bajó aún más a $us 74 millones y luego de las elecciones
presidenciales, la cifra mostró sus primeros avances logrando, en
octubre del mismo año, $us 224 millones”, explicó.
La propuesta legislativa tiene por
objeto autorizar la constitución del Fideicomiso de Apoyo a la
Reactivación de la Inversión Pública (FARIP) destinado a reactivar
proyectos de inversión pública de las Entidades Territoriales Autónomas
(ETA’s).
El proyecto de ley, a su vez, autoriza
al Banco Central de Bolivia (BCB) a otorgar un crédito extraordinario en
favor del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del
Tesoro General de la Nación (TGN) destinado al fideicomiso.
El Ministerio de Planificación del
Desarrollo, en condición de fideicomitente, constituirá el FARIP con
recursos del crédito extraordinario.
El FARIP será administrado por el Fondo
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), con un monto total de Bs 2.000
millones que tendrán la finalidad de otorgar créditos a las ETA’s para
financiar las contrapartes locales de proyectos de inversión pública que
cuenten con financiamiento externo y/o interno, que sean concurrentes
con el nivel central del Estado.
De esa manera, las gobernaciones,
municipios, autonomías regionales y pueblos indígena originario
campesinos podrán reanudar la ejecución de proyectos de alto impacto que
generarán empleos y reconstruirán la actividad económica a nivel local,
favoreciendo a microempresas, obreros, transportistas, agricultores,
profesionales, entre otros rubros.
Fuente: ABI