La Paz, 22 jul 2021 (ATB Digital).- El
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI – Bolivia)
presentará este viernes un informe preliminar de las investigaciones
realizadas sobre los hechos de violencia de 2019, que incluye las
agresiones a periodistas.
Un frente de investigación que empezó a
desarrollarse en enero de este año está relacionado a los hechos de
violencia contra la prensa. El GIEI – Bolivia recolectó los testimonios
de profesionales de la prensa que fueron víctimas de vulneración de sus
derechos personales y profesionales en Bolivia entre el 1 de septiembre y
el 31 de diciembre de 2019.
En noviembre de 2019, el entonces
director de radio estatal Patria Nueva, Iván Maldonado, tras ser
obligado a desalojar el edificio donde operan la radio y canal estatal,
denunció asedio por grupos de protesta críticos al gobierno de Evo
Morales.
“Manifestantes que habían cercado
nuestros estudios nos retuvieron por unas dos horas, amenazándonos con
destruir los equipos y cortar las emisiones si no suspendíamos nuestro
trabajo periodístico”, dijo al portal Sputnik News en aquella
oportunidad, cuando se suspendieron los servicios informativos del
Estado.
Informe preliminar
A casi dos años de los hechos, se tiene
programado que el equipo de expertos internacionales presente este
viernes 23 de julio un informe preliminar de las investigaciones
realizadas desde el 23 de noviembre de 2020 hasta la fecha.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI – Bolivia) fue creado mediante el acuerdo suscrito
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Bolivia el
12 de diciembre de 2019 para coadyuvar en las investigaciones de los
hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos entre
el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
Hasta la fecha, más de 100.000 fojas de
expedientes investigativos, judiciales y periciales han sido objeto de
revisión y más de 360 personas han brindado su testimonio en entrevistas
individuales. Las expertas y los expertos, y el equipo técnico,
mantuvieron reuniones con sindicatos, asociaciones de víctimas,
organizaciones de la sociedad civil, representantes de la prensa, entre
otros.
Libertad de expresión bajo amenaza
En el régimen de Jeanine Áñez, la
libertad de expresión estuvo bajo amenaza. No solamente periodistas
fueron conminados, sino la población en su conjunto.
Los hechos reflejan cómo autoridades del
régimen optaban por medidas que restringían derechos reconocidos por la
Constitución Política del Estado (CPE) como la expresión y difusión
libre de opiniones y el acceso a la información.
Días después de que Áñez se proclamara
Presidenta, la entonces nueva ministra de Comunicación, Roxana
Lizárraga, reveló que se hacía seguimiento a periodistas que no
compartían con la línea gubernamental, ya que eran considerados
sediciosos.
“La prensa tiene todas las garantías
para trabajar. Y, aquellos periodistas o seudoperiodistas que estén
haciendo sedición, se va a actuar conforme a la ley, porque lo que hacen
algunos periodistas que son, en algunos casos, bolivianos o extranjeros
que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la
ley boliviana”, amenazó.
A partir del 22 de marzo de 2020, rigió
en todo el territorio nacional una cuarentena total aplicada por el
Decreto Supremo N° 4199. La norma determinó que los estantes y
habitantes en Bolivia debían permanecer en sus domicilios o en la
residencia que se encuentren durante el tiempo que dure la cuarentena
total.
El Decreto Supremo permitía que la
Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas salgan a las calles con el fin
de vigilar el cumplimiento de las restricciones. Las personas que
incumplían esa norma eran sancionadas con ocho horas de arresto hasta 10
años de cárcel más la imposición de multas pecuniarias. Además, el
régimen advirtió con privar la libertad de los funcionarios públicos que
incurran en incumplimiento de deberes pese a la emergencia sanitaria.
A eso se suma que el 7 de mayo de 2020,
Áñez y el gabinete de ministros emitieron el Decreto Supremo N° 4231 que
estableció que “las personas que inciten el incumplimiento del presente
Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en
forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento
que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando
incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la
comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.
En marzo de este año, el Ministerio de
Justicia y Transparencia Institucional presentó ante la Fiscalía General
del Estado una acusación propositoria por la vulneración a la libertad
de expresión durante el régimen de Áñez.
Fuente: ABI