La Paz, 2 jul 2021 (ATB Digital).- Tras
las masacres de Sacaba de Cochabamba y Senkata de la ciudad de El Alto
en noviembre de 2019, seis instituciones hicieron seguimiento a los
hechos de violencia ocurridos durante el régimen de Jeanine Áñez.
La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), la Organización de Naciones Unidas (ONU), Amnistía
Internacional, el Instituto de Terapia e Investigación Sobre las
Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), la Clínica de
Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard y la Defensoría
del Pueblo entregaron sus conclusiones sobre los hechos en seis
informes.
La CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), tras una investigación en Bolivia, condenó “de manera
enfática las masacres de Sacaba y de Senkata, en las que se habría
incurrido en graves violaciones de los derechos humanos”.
En su informe oficial titulado “CIDH
presenta sus observaciones preliminares tras su visita a Bolivia, y urge
una investigación internacional para las graves violaciones de derechos
humanos ocurridas en el marco del proceso electoral desde octubre de
2019”, agrega que, “además de las muertes registradas en las masacres de
Sacaba y de Senkata, el equipo técnico escuchó las denuncias de los
asesinatos de Beltrán Paulino Condori Aruni, de 21 años, y Percy Romel
Conde Noguera, de 32 años, quienes habrían muerto por disparos de arma
de fuego; y de Juan Marín Félix Taco, de 18 años, cuya causa de muerte
no se ha determinado, todos ellos durante la contención de una protesta
realizada por pobladores de las zonas de Ovejuyo, Pedregal, Rosales y
Chasquipampa en La Paz, entre el 10 y 11 de noviembre”.
La ONU
La Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) se suma a las
denuncias con el informe denominado “ONU la situación de los derechos
humanos tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 en
Bolivia”.
Estableció que “los relatos de las
víctimas de lesiones y testigos en Sacaba y Senkata, así como la
documentación y el material audiovisual analizados por OACNUDH, indican
que las fuerzas de seguridad recurrieron al uso innecesario o
desproporcionado de la fuerza contra las personas manifestantes, en
violación de las normas y estándares internacionales aplicables.
Múltiples fuentes verificadas por OACNUDH sugieren que las fuerzas de
seguridad del Estado utilizaron municiones letales para dispersar a las
personas manifestantes. Elementos materiales, como los cartuchos de
munición usados y los impactos de bala en propiedades públicas y
privadas, encontrados por OACNUDH donde ocurrieron los hechos,
corroboran los relatos recogidos sobre el uso de armas de fuego por las
fuerzas de seguridad. El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF)
confirmó que la munición letal fue la causa de todas las muertes y
varias de las lesiones en las protestas de Sacaba y Senkata. No hubo
reportes de miembros de las fuerzas de seguridad que hubieran muerto o
resultado heridos por armas de fuego durante estas protestas”.
En este informe, la ONU exigió “una
investigación pronta, independiente, imparcial, transparente y eficaz
sería fundamental para determinar las circunstancias de las muertes y
lesiones, e identificar a los autores materiales e intelectuales de esos
actos y hacerlos rendir cuentas de conformidad con los estándares
aplicables. Además de asegurar la verdad y la rendición de cuentas, ello
contribuiría a apaciguar las fuertes tensiones y a restablecer la
confianza pública en las instituciones del Estado”.
ITEI
Otro informe elaborado corresponde al
Instituto de Terapia e Investigación Sobre las Secuelas de la Tortura y
la Violencia de Estado (ITEI), una ONG boliviana con sede en La Paz que
tiene como objetivo promover y defender los derechos humanos.
El documento titulado “Tortura y malos
tratos en los acontecimientos de noviembre de 2019 en La Paz–Bolivia”,
del 04 de junio de 2020, exigió al régimen de Jeanine Áñez “el cese
inmediato de la represión política, de la tortura a los detenidos y su
inmediata liberación, junto con el cese de los asesinatos y de todas las
violaciones a los derechos humanos en contra de la población”.
Este documento indica que “el acto de
represión policial y la persecución judicial, siguiendo el principio de
presunción de culpabilidad muestra que la tortura y otros tratos
crueles, inhumanos y degradantes, y el no respeto al debido proceso, son
un accionar generalizado en un sistema jurídico-policial incompetente,
corrupto y sometido al gobierno de turno”.
Harvard
El informe “Nos dispararon como
animales, Noviembre Negro y el Gobierno interino de Bolivia” presentado
por International Human Rights Clinic de la Universidad de Harvard y la
Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR) incluye una
investigación independiente de aproximadamente seis meses, entrevistando
a más de 200 víctimas.
Estableció que la totalidad de los muertos en las masacres ocurridas en Bolivia en 2019, eran civiles indígenas.
“El 15 de noviembre, tres días después
de que el gobierno interino asumiera el poder, las fuerzas estatales
abrieron fuego contra una marcha no violenta que pasa por el pueblo de
Sacaba, matando a al menos 11 personas e hiriendo a al menos otros 120.
Todos los muertos y heridos fueron civiles indígenas. No hubo policías
ni soldados muertos o heridos”, indica el reporte.
“El uso de la fuerza por parte de los
policías y fuerzas armadas contra personas desarmadas o manifestantes no
violentos y otros civiles, violó directamente el derecho a la vida. De
acuerdo a testigos presenciales en ambos lugares, fuerzas de seguridad
abrieron fuego -sin dar aviso previo- (a) civiles desarmados, incluidos
los que ayudan a (los) heridos. Las fuerzas de seguridad también
golpearon a los manifestantes, utilizando el lenguaje racista y
anti-indígena (…). El patrón en el que la Policía o soldados dispararon
intencional o negligentemente, y ciudadanos asesinados sin
restricciones, sugiere que estos actores llevaron a cabo ejecuciones
extrajudiciales”, indica el informe.
Amnistía Internacional
La organización Amnistía Internacional
elaboró el documento titulado “Para sanar la pandemia de impunidad. 20
recomendaciones en materia de derechos humanos a las personas candidatas
en las elecciones presidenciales 2020 en Bolivia”.
Indicó que “en el marco de esta crisis
post electoral se han perpetrado violaciones de derechos humanos, las
que incluyen la represión de manifestaciones, haciendo uso excesivo e
innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas
Armadas. Según información recabada por Amnistía Internacional, al menos
35 personas han fallecido y 833 han sido heridas en el contexto de las
protestas desde octubre del 2019. Estas violaciones de derechos humanos
no han sido investigadas adecuadamente, juzgadas y sancionadas, y
permanecen en la impunidad”.
Sostiene: “Amnistía Internacional
concluye que durante la crisis que sucedió a las elecciones de octubre
de 2019 se han registrado violaciones de derechos humanos que incluyen
el uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Policía
Nacional y las Fuerzas Armadas en operaciones de orden público
incluyendo, durante las protestas, ataques contra personas defensoras de
derechos humanos, periodistas y personas opositoras políticas;
declaraciones de altos funcionarios con amenazas y que, en ocasiones,
contienen llamados a ejercer la violencia y ataques a la libertad de
expresión y a la independencia judicial”.
Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo, tras una
detallada investigación, determinó, en su informe titulado “Crisis de
Estado Violación de los Derechos Humanos en Bolivia Octubre-Diciembre
2019”, que “Las veinte (20) muertes ocurridas en Sacaba y Senkata,
durante las operaciones conjuntas de la Policía Boliviana y Fuerzas
Armadas, se constituyeron en masacres, al haberse cometido el delito de
Asesinato de forma sistemática, en contra de población civil y bajo el
conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno
Transitorio, características que configuran un delito de lesa
humanidad”.
Fuente: ABI