La Paz, 9 ago 2021 (ATB Digital).- El procurador general del estado boliviano, Wilfredo Chávez, afirmó este lunes que “no es apelable” la decisión de la justicia estadounidense respecto a otorgar una fianza de 250 mil dólares para que que el exministro Arturo Murillo pueda defenderse en libertad.
“Los 250 mil dólares de fianza de Murillo no es apelable, porque estamos en una etapa procesal donde la víctima no tiene una participación de ese tipo dentro del proceso, por ello nos vemos impedidos de apelar esa decisión”, aseveró Chávez en contacto con Bolivia TV.
La mañana de este lunes, en Miami, Estados Unidos, se llevó adelante la audiencia de Murillo. El hombre fuerte del Gobierno de Jeanine Añez es acusado por los delitos de lavado de dinero y soborno dentro del caso de la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos cuando era Ministro de Gobierno.
En la audiencia se conoció que la defensa del exministro llegó a un acuerdo con las autoridades norteamericanas para poder defenderse en libertad con el pago de una fianza de un cuarto de millón de dólares.
“Se ha llegado a un acuerdo preliminar entre la Fiscalía y el acusado a objeto de que el acusado sea beneficiado con una fianza de $us 250.000, fianza que no ha sido pagada y además que debe ser cubierta con dinero limpio, es decir, debe ser demostrada la licitud del dinero”, afirmó el Procurador boliviano al respecto.
Chávez mencionó también que la fianza estará acompañada, sin duda, con el cumplimiento de otras reglas, como el uso de manillas electrónicas, entre otras.
Demanda civil
Por otro lado, el Procurador informó también que este lunes que el juez de Estados Unidos, William Thomas, notificó hasta el momento a cuatro co-imputados por la demanda civil instaurada por Bolivia por el caso de compra irregular de gases lacrimógenos durante el golpe de Estado de 2019. El proceso busca que el estado recupere el dinero desfalcado por el caso de corrupción en la copa de gases.
“La demanda civil que hemos planteado ya el jueves de la antepasada semana ha rendido frutos. Se ha notificado a cuatro, hasta el momento, de los co-imputados. Estamos en una etapa de notificación electrónica (…), el juez William Thomas es quien está presidiendo esta demanda civil”, manifestó.
La autoridad estatal explicó que se espera que el procedimiento sea completado en los siguientes días, puesto que cada uno de los notificados tiene 20 días para responderlas por la vía legal.
En ese contexto, Chávez recordó que la demanda civil tiene el objetivo de recuperar el dinero utilizado en la compra irregular de los gases lacrimógenos, que asciende a los $us 2,3 millones y era parte de un sobreprecio pagado por la mercancía.
“Y hacer que se califique los daños y perjuicios por los graves delitos (…). El daño se calcula con base en el contrato que se ha firmado por el Estado con la empresa intermediaria, Bravo Tactical”, mencionó.
Fuente: Oxígeno Digital