La Paz, 10 ago 2021 (ATB Digital).- El Gobierno boliviano, a través de la Cancillería, defendió los resultados de la pericia realizada por el Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca – España, que descartó un presunto fraude en los comicios bolivianos.
Además, reprochó el pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA), Organismo que esta mañana ratificó los resultados de la auditoría electoral que realizó en el país el 2019, ocasión en la que halló “irregularidades” que le imposibilitaban validar los resultados de los comicios que le habían dado la victoria en primera vuelta al entonces presidente Evo Morales.
“Se ratifica la validez e importancia del peritaje requerido por la Fiscalía General del Estado a la Universidad de Salamanca, realizado dentro de un proceso judicial que soberanamente lleva adelante el Estado boliviano en el marco de su legislación, de carácter controversial, abierto a todo medio probatorio, que resguarda los derechos y garantías entre las partes y que no es cuestionable bajo ningún argumento del Señor Almagro. La auditoría que defiende el Secretario General fue realizada sin cumplir con el acuerdo suscrito con el Estado boliviano y terminó siendo un proceso unilateral y parcializado con conclusiones erróneas y forzadas”, señala el comunicado publicado por la Cancillería.
Asimismo, en el texto, la Cancillería señala que fue Almagro – secretario general del organismo internacional- y la OEA quienes el acuerdo firmado con el Estado boliviano respecto a la auditoría electoral del 2019.
“El Estado boliviano firmó de buena fe un acuerdo con la OEA, y lo cumplió a cabalidad hasta que Luis Almagro lo violentó haciendo declaraciones unilaterales sobre resultados, sin que haya concluido la auditoría electoral e incumpliendo con el procedimiento previsto en dicho acuerdo, expidiendo un informe preliminar no contemplado y habiendo forzado gravemente la verdad para producir un quiebre constitucional en el país, el cual produjo la lamentable pérdida de decenas de vidas humanas”, señaló la Cancillería.
El 10 de noviembre de 2019, de manera sorpresiva, la OEA publicó un informe preliminar de su auditoria y señaló que no puede validar los resultados tras “irregularidades en el proceso”. Tras conocerse ese documento, se agravaron las movilizaciones cívicas y Morales renunciará horas después, tras perder también el apoyo de la Policia y Las Fuerzas Armadas.
Tras lo sucedido, la Fiscalía inició investigaciones por el presunto fraude electoral del 2019, pero hace pocas semanas, casi do años después, decidió pedir el sobreseimiento de todos los implicados en la causa, basándose en los resultados de la pericia española que descartó cualquier posibilidad de manipulación y fraude en los comicios.
En ese sentido, la Cancillería señala que el comunicado de la OEA, y de Luis Almagro, se constituyen en un “acto de injerencia en asuntos internos en la administración de justicia” de Bolivia, ya que cuestiona “un proceso de investigación penal a cargo del órgano judicial boliviano y que no está concluido”.
“El Estado boliviano rechaza este tipo de afirmaciones señalando que es un Estado democrático en todo su accionar y las palabras y agresiones del señor Almagro en su comunicado parecen más bien estar dirigidas otra vez a coordinar procesos de desestabilización en Bolivia. Se le advierte que no se permitirá un nuevo intento de acciones desestabilizadoras y se pone en alerta a la comunidad internacional”, afirma la Cancillería.
“Las palabras del Señor Almagro no son objetivas, está claro que toda la evidencia que se está conociendo desde noviembre de 2019 a esta fecha muestra una conducta parcializada y malintencionada, que inclusive podría tener responsabilidades de las cuales solo lo estaría protegiendo la investidura que ostenta por lo que sus opiniones dentro de este caso específico son un atropello a la soberanía del Estado Plurinacional de Bolivia y reitera un accionar permanente del Secretario General de la OEA por intereses mezquinos y sectarios, sin el consentimiento y por encima de los países que integran la organización regional”, acota el texto.
Finalmente, la Cancillería afirma que “toma nota” de la nueva “actitud irracional e ilegal” del Secretario General de la OEA y “deja constancia expresa que denunciará esta conducta ante instancias pertinentes de la organización, sin perjuicio de las responsabilidades personales que puedan establecerse por la gravedad de los hechos”.
La mañana de este lunes, la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de un comunicado, ratificó los resultados de su auditoría electoral realizada en Bolivia el 2019 y refutó los resultados de la pericia realizada por el Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca – España, que descartó un presunto fraude en los comicios bolivianos.
“La Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha tomado conocimiento de un estudio encargado por la Fiscalía General de Bolivia que, según su introducción, analiza la “integridad de los sistemas informáticos y de la información generada durante las Elecciones Generales del Estado Plurinacional de Bolivia mediante la verificación de la seguridad de la infraestructura y de los registros existentes de la fecha del proceso electoral.” Habiendo analizado el documento, la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Secretaría General de la OEA se ve en la obligación de señalar los errores y las omisiones más evidentes del mismo, así como de reiterar los hallazgos del Análisis de Integridad Electoral realizado por la Organización en 2019, y concluye que no es, ni será posible, garantizar la integridad de los datos y dar certeza sobre los resultados de esa elección”, señaló el organismo internacional.
A través de un largo documento, la OEA intenta refutar el informe de la pericia española encargada por la Fiscalía boliviana y que sirvió de base para que el Ministerio Público pida el sobreseimiento de todos los involucrados en el caso del fraude electoral, hecho que desembocaría en el cierre de las investigaciones.
“El estudio pericial, pagado por la fiscalía, se refiere única y exclusivamente a temas informáticos con base en información desconocida y proporcionada por el ente estatal, y no abarca otros asuntos de suma importancia para comprender de manera integral los hechos de 2019. Asimismo, este ejercicio se llevó a cabo mucho tiempo después de la elección, fue realizado a distancia, por un equipo sin experiencia en materia electoral y contratado por la propia fiscalía”, señala el texto.
Además, recordó a Bolivia que la auditoría que realizó después de las elecciones de 2019 es vinculante y pidió al país honrar el acuerdo suscrito hace dos años. De no hacerlo, señaló, el Gobierno boliviano actuaría en desapego a los acuerdos del Sistema Interamericano.
Fuente: Plurinacional