La Paz, 17 de agosto (ATB Digital).- Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que califica de “masacre” lo ocurrido el 19 de noviembre de 2019 en el barrio de Senkata, en la ciudad de El Alto, por el “uso desproporcionado de violencia” de las fuerzas de seguridad no existe evidencia que revela que haya habido intención de hacer explotar la planta de YPFB por parte de los manifestantes y en contraparte si se puede asegurar que los muertos fueron provocados por proyectiles de las FFAA.
En una de las conclusiones sobre la violencia y la violación de derechos humanos investigadas por la comisión y presentadas este martes, desde el 10 de noviembre de 2019, El Alto protagonizó movilizaciones de rechazo a la renuncia del expresidente Evo Morales, lo que se ahondó con la proclamación de Jeanine Áñez como presidenta, dos días después.
“Las protestas en Senkata iniciaron por el desacuerdo con la renuncia de Morales. Las manifestaciones eran de una participación plural con personas que no necesariamente eran simpatizantes de ningún partido político, pero que se identificaban con las demandas sociales en contra de la quema de la Wiphala, la humillación y las vejaciones en contra de la gente pobre y la discriminación a las mujeres de pollera”, remarca el documento proporcionado a La Razón.
Ello provocó el bloqueo a la salida de combustibles líquidos de la planta de la zona, a cargo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), lo que desencadenó una crisis de carburantes en la ciudad de La Paz. Por ello, militares y policías realizaron un operativo conjunto el 19 de noviembre, al amparo del Decreto Supremo 4078 promulgado cinco días antes por Áñez y su gabinete, que eximía de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas en los operativos para “restablecer el orden”.
El informe explica que 47 cisternas y camiones de garrafas de gas fueron parte del convoy escoltado por las fuerzas de seguridad. Luego, una centena de manifestantes derribó el muro perimetral de la planta y cuatro vehículos incautados fueron quemados en “una zona de la planta sin uso operacional, e intentó ingresar por un portón del extremo sur” de la engarrafadora.
“Las fuerzas de seguridad reaccionaron con uso desproporcionado de violencia al derrumbe del muro y la secuencia de protestas. Las autoridades del Estado justificaron la necesidad del uso de elevada fuerza —aunque no se admitiera el uso de municiones letales— para prevenir la ocurrencia de explosión de la planta, lo que provocaría un desastre de gravísimas consecuencias en la ciudad de El Alto. Las evidencias ofrecidas por el Estado y complementadas con las diligencias conducidas por el GIEI no confirman que hubiera ese riesgo concreto”, remarca el GIEI.
El documento añade que “las estructuras sensibles de la planta no fueron amenazadas por los actos vandálicos ni por las protestas. En la única ocurrencia de alguna gravedad, acaecida en el extremo sur de la planta —en el área de manejo de válvulas para reducción de la presión del sistema de distribución de gas natural— el uso proporcionado de la fuerza se ha comprobado como suficiente para prevenir riesgos o daños concretos a los servicios”.
El grupo de expertos argumenta que el “uso desproporcional de la fuerza” de las fuerzas de seguridad provocó la muerte de 10 personas y al menos otras 78 resultaron heridas. Y subraya que “aunque las Fuerzas Armadas y la Policía no hayan admitido el uso de armas letales, las evidencias recabadas indican que los disparos con armas de fuego se originaron de sus tropas”.
Asimismo, los heridos acudieron a hospitales pero fueron víctimas de maltratos, discriminación, racismo y denegación de servicios médicos, incluso los heridos de bala, bajo el argumento de que eran simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirma el GIEI en sus conclusiones.
Por ello, ante la desconfianza, seis familias de los fallecidos evitaron que los cuerpos sean llevados a instituciones públicas para la práctica de las autopsias, por lo cual se las hizo en la parroquia San Francisco de Asís de la zona.
El 20 de noviembre, añade el documento, “familiares de las víctimas fatales y moradores de la ciudad de El Alto organizaron una protesta hacia el centro de la ciudad de La Paz con miles de personas, conocida como Marcha de los Féretros. El Estado, a través de la Policía, reprimió arbitrariamente la marcha, lo que resultó en personas heridas por el uso abusivo de gases. Además, considerando la naturaleza fúnebre de la protesta, la represión afectó la dignidad de las personas muertas y de sus familiares”.