La Paz, 17 de agosto (Atb Digital).- El informe del Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), que fue entregado hoy al país revela
que durante el la instauración del gobierno de Jeanine Áñez existieron
masacres, ejecuciones, persecución, racismo, abuso sexual y ruptura del orden
constitucional.
Aquí le presentamos algunas de las principales conclusiones:
1. Entre
el 1º de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 se perpetraron masacres,
torturas, persecuciones, detenciones ilegales, actos de racismo y graves
violaciones de los Derechos Humanos en Bolivia.
2. Al
menos 37 personas perdieron la vida por las masacres y hechos de violencia
en diversos lugares del país, y centenares de personas recibieron lesiones de
consideración, tanto físicas como psicológicas.
3. La Policía
y las Fuerzas Armadas, de forma separada o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y
desproporcionado, y no previnieron adecuadamente los actos de violencia;
dejaron desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas e incumplieron su rol
constitucional.
4. El Decreto
Supremo 4078 fue promulgado para
eximir de responsabilidad penal al personal de las FF.AA.
El gobierno de la
expresidenta de facto, Jeanine Áñez, aprobó el 16 de noviembre de 2019 el
Decreto Supremo 4078, que exime a las Fuerzas Armadas de cualquier
responsabilidad penal. “El personal
de las Fuerzas Armadas, que participe en los operativos para el
restablecimiento del orden y estabilidad pública, estará exento de
responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales,
actúen en legítima defensa o Estado de necesidad”, dice el artículo 3 del
decreto.
El
19 de noviembre, ocurrió la masacre de Senkata donde 10 personas murieron
y un centenar resultaron heridos. El D.S. dio vía libre a la Policía y Fuerzas
Armadas a acribillar a la población y al incremento de la violencia y la
violación de los derechos humanos.
El D.S. fue
derogado por el gobierno de facto el 28 de noviembre de 2019, una vez pasadas
las masacres, porque ya había cumplido su objetivo de dar impunidad a los
ejecutores de dichas masacres.
5. La
masacre de Senkata con 10 víctimas fatales y 78 heridos de bala, fue justificada por el gobierno de facto
con la versión de que los manifestantes pretendían quemar la planta de gas en
El Alto. La investigación demostró que no se encontraron evidencias que
respalden esta teoría, no se halló material explosivo en el área, las
estructuras sensibles de la planta no fueron amenazadas por las protestas.
6. Se han comprobado ejecuciones
sumarias en las masacres de Sacaba, Senkata y El Pedregal.
El informe de la
GIEI confirma que las autopsias de los diez fallecidos en Sacaba reportan
lesiones vitales causadas o compatibles con proyectil de arma de fuego. Algunos
hallazgos relevantes son que las lesiones son todas en el abdomen, tórax y
cabeza. Siete de las víctimas presentaban orificios de entrada y salida de
proyectil de arma de fuego, lo que es indicativo de disparos con rifles y
munición de alta velocidad.
El GIEI constató
que en la masacre de Senkata las fuerzas de seguridad desarrollaron una
operación de persecución violenta en contra de los manifestantes, el cual
resultó en un conjunto de ejecuciones sin amparo legal, a lo largo de seis
horas, no solamente en la avenida 6 de marzo y en el área directamente aledaña
a la planta de YPFB, sino también en los alrededores. Algunas autopsias
realizadas identificaron que las lesiones sufridas por las víctimas fatales
fueron producidas por cartuchos de 9 mm, un arma utilizada por policías y
militares.
7. Se
constataron casos de violencia sexual y violencia en razón de género, mujeres
aprehendidas fueron sometidas a manoseos de carácter sexual y vejaciones por
parte de agentes policiales, se
las obligó a desnudarse y fueron brutalmente golpeadas. Se identificó también
violencia obstétrica.
8. Se
constataron hechos de tortura y vejámenes psicológicos y racistas cometidos
por agentes policiales en contra de detenidos, en su mayoría jóvenes e
indígenas.
9. En el marco de la polarización social y
política que se profundizaba, se apeló a la identidad étnica como criterio que
señalaba la pertenencia o no a la sociedad boliviana.
10.
Algunas
aprehensiones indican discriminación racial, con la humillación de los
detenidos debido a sus rasgos fenotípicos asociados al origen indígena.
11. La
violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas, incluyendo a las
mujeres indígenas que fueron especialmente atacadas en esa época, debe ser
reconocida y los responsables, sancionados.
12. También las adhesiones políticas fueron
peligrosamente racializadas y en momentos trascendentes pretendieron ser usadas
como factor de exclusión de los espacios institucionales.
13. Los hechos de discriminación racial se
manifestaron en mayor medida en las acciones conjuntas de militares y policías.
La represión y el uso de lenguaje racista y antiindígena se dirigió
exclusivamente en contra de la población movilizada que en su mayoría era
indígena, obrera y campesina, tal como ocurrió en Betanzos, Yapacaní, Montero,
Sacaba y Senkata. En efecto, la gran mayoría de las personas heridas,
asesinadas o detenidas desde el 10 de noviembre pertenecían a ese segmento
poblacional.
14. Se constataron tratos discriminatorios en
servicios de atención médica para varios heridos de bala que acudieron para
recibir socorro y muchos optaron por no recurrir a los hospitales y centros
públicos.
15. Grupos
de choque (RJC y UJC) protagonizaron actos de violencia y ataques a
personas y a bienes públicos y privados ante la pasividad deliberada de la
Policía. Asumieron tareas
“parapoliciales” durante el motín policial.
16. Se vulneró sistemáticamente el derecho a
la presunción de inocencia, se detuvieron, procesaron y encarcelaron a personas
por publicaciones en redes sociales, por prestar auxilio a otras, por brindar
asistencia médica, por su vestimenta, apariencia o rasgos faciales.
17. El uso de la Biblia y la religión durante
los cabildos de los comités cívicos jugaron un papel relevante para justificar
la causa divina de su movimiento contra Evo Morales y fomentar una idea
antiindigenista.
18. Policía y Fuerzas Armadas asumieron
conductas que contribuyeron al aumento de la violencia y la violación de los
derechos humanos. Durante los días del conflicto, la Policía Boliviana no fue
capaz de resguardar el ejercicio pleno del derecho a la protesta ni cumplió
adecuadamente con su deber de evitar actos de violencia, garantizar la
seguridad de las personas y el orden público.
19. Se
vulneraron los derechos de periodistas que fueron identificados como “afines”
al gobierno depuesto, acusados de ser “masistas”.
La investigación
del GIEI confirma la opinión unánime que entre el 1 de septiembre y 31 de
diciembre de 2019, se registraron numerosos casos de agresión verbal y física a
periodistas, entre ellas a Adriana Mendoza, de la cadena Gigavisión; Adair
Pinto, que recibió amenazas de muerte de un policía; Carlos Cornejo, que fue
detenido el 16 de diciembre en El Alto acusado de sedición e instigación a
delinquir. A la lista también se suma la
detención del periodista argentino, Facundo Morales.
20. Ruptura
del orden constitucional (Interpretación):
El informe señala claramente
que no había quórum en el senado cuando
Añez se proclamó presidenta del Senado, más adelante, también sin el quórum
requerido en la Asamblea Legislativa Plurinacional repetiría la acción y Añez
también se declaró presidenta interina del Estado
Plurinacional.
Lo que confirma, el
quiebre del orden constitucional establecido por la Ley, pues se vulneró la
CPE, los reglamentos de la asamblea legislativa y de la cámara de Senadores.
Tampoco se tiene evidencia de que hubiese sido posesionada y menos prestado
juramento ante autoridad alguna, lo cual ratifica la ilegitimidad de su
autoproclamación.