Cochabamba, 20 ago 2021 (ATB Digital).- El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) confirma que la represión conjunta de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de la Policía Boliviana en el puente Huayllani, en el municipio de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019, se ejecutó con “la intención de matar” a los movilizados.
La afirmación fue emitida por el experto de la GIEI Juan Méndez en la entrega del documento que registra la investigación de los actos de violencia ocurridos en el país desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2019 a las víctimas y familiares de los asesinados en la masacre de Sacaba.
El acto instalado en inmediaciones del puente Huayllani se inició con un minuto de silencio en honor a los mártires de la democracia, y contó con la participación de autoridades del Gobierno, asambleístas nacionales, departamentales y dirigentes de las organizaciones sociales.
EJECUCIONES SUMARIAS
Méndez señaló que el GIEI verificó que la movilización, anunciada para el 15 de noviembre de 2019, iba a ser pacífica, por lo que no se justifica ninguna represión militar ni policial.
“Se refuerza la perspectiva de que el operativo no fue ejecutado con el único objetivo de impedir el ingreso de manifestantes a Cochabamba; como resultado hubo una masacre con 10 civiles muertos y cerca de un centenar de personas heridas. Las pruebas indican además una mayor probabilidad de que las fuerzas policiales y militares actuaron con la intencionalidad de matar a las personas en la protesta, aunque estuviesen en fuga”, sostuvo.
“El equipo forense de antropología de Argentina concluye en el estudio que nosotros le pedimos que hiciera para nuestro informe, que las lesiones que produjeron las muertes permiten inferir que fueron causadas por un proyectil de alta velocidad disparado desde un fusil. En los términos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se podría calificar en ese caso las muertes como ejecuciones sumarias”, precisó.
FRACASO DE DIÁLOGO
Méndez dijo que el informe del GIEI verificó que el 14 de noviembre de 2019 pobladores del trópico de Cochabamba se reunieron en el municipio de Sacaba, donde se determinó realizar una marcha pacífica hasta la ciudad de Cochabamba un día después. Explicó que al menos unas cinco mil personas se concentraron para dirigirse hasta la plaza 14 de Septiembre de la capital cochabambina, pero el comandante departamental de la Policía advirtió que no permitiría su ingreso.
“Días antes, el comandante de la Policía había informado que no permitiría el ingreso de las y los manifestantes a la ciudad. Las negociaciones resultaron infructuosas, un avión caza sobrevoló la zona y la Policía comenzó a lanzar gases lacrimógenos en contra de los pobladores del trópico”, manifestó.
Después del inicio de la gasificación, efectivos del Ejército y de la Fuerza Aérea, que se encontraban detrás de la policía, avanzaron y formaron una sola línea con los policías.
Señaló que la investigación verificó que las tropas de las Fuerzas Armadas se encontraban “fuertemente armadas, (y que) producto de los disparos nueve personas fallecieron y otro quedó con graves heridas que provocaron su muerte en junio del año siguiente, por lo menos otras 98 personas resultaron heridas. El GIEI logró documentar 36 personas heridas con proyectiles de armas de fuego”.
MARCHA PACÍFICA
Méndez manifestó que el GIEI no encontró pruebas de que los manifestantes hicieran uso de armas de fuego, o que amenazaran la vida de otros manifestantes, de los efectivos de la Policía o de las Fuerzas Armadas. “No hubo informes de lesiones graves a ningún miembro de las fuerzas del orden”.
GRAVES LESIONES
Además, con base en los informes del comandante de la Séptima División y del comandante del REPM 3, y otras fuentes consultadas por el GIEI, es posible establecer que las tropas militares estaban fuertemente armadas. “A partir de la información antes referida, el GIEI evalúa que la reacción de los militares y de la Policía fue desproporcionada y condujo deliberadamente a la pérdida de vidas y a graves lesiones a los manifestantes. El GIEI evalúa que las Fuerzas Armadas y la Policía fueron responsables por graves violaciones a los derechos humanos en el operativo en Sacaba el 15 de noviembre de 2019. Las fuerzas estatales actuaron en violación de su obligación de respetar y proteger a las personas, sus derechos y sus libertades”, manifestó el experto.
INCUMPLIMIENTO DE LA LEY
La prohibición absoluta de que la marcha pacífica ingresara a la ciudad de Cochabamba fue indebida, porque el Estado tenía el deber de garantizar la seguridad y de prevenir enfrentamientos entre grupos antagónicos. También tenía la obligación de adoptar medidas para evitar el paso de personas que pudieran estar armadas, pero sin prohibir el ejercicio del derecho de reunión y de expresión de los manifestantes. “La gasificación fue innecesaria y desproporcionada. En el momento en que la Policía comenzó a lanzar gases no había una situación de convulsión que necesitase ser controlada o dispersada, por ello el operativo policial no fue en respuesta a una agresión contra las fuerzas de seguridad, o contra terceras personas, sino una activa demostración de fuerza para deshacer la concentración de manifestantes”, aseguró el experto del GIEI.
LOS ESPECIALISTAS INTERNACIONALES PRESENTARON SU REPORTE EN POTOSÍ
El procurador federal adjunto de los Derechos del Ciudadano de Brasil, Marlon Weichert, informó ayer que el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recomienda la investigación, el juzgamiento y la aplicación de sanciones a los responsables de la violación de los derechos humanos, registrada en 2019 en el departamento de Potosí.
“Investigar, juzgar y aplicar sanciones a los responsables de todos estos hechos que se han documentado en el informe”, señaló en la presentación del documento en el Obispado de la Diócesis del departamento de Potosí, según reporte de ABI.
El experto internacional mencionó además que el informe sugiere que la investigación del caso se realice de manera efectiva, exhaustiva, diligente y con pleno respeto de los derechos de las víctimas y de los sindicados.
Weichert además explicó que el texto propone también que los perjudicados tengan garantizada su participación en la pesquisa.
“Y también propone al Ministerio Público que se abra casos que se cerraron indebidamente”, agregó.
El representante del GIEI detalló que entre las propuestas se incluye también un acápite para solicitar la investigación de casos de violencia sexual y de género.
Por su parte, la experta del GIEI Magdalena Correa explicó que el informe final detalla que las violaciones registradas en el departamento de Potosí estuvieron relacionadas con los derechos a la vida, a la libertad y la seguridad privada, la integridad personal, a la honra y la dignidad y la no discriminación, entre otros.
Marco Borda, víctima de los hechos luctuosos de 2019, calificó como histórica la entrega del informe internacional de derechos humanos que acredita que en 2019 hubo en Bolivia un golpe cívico, militar propiciado por angurria de poder, uno de ellos candidato a vicepresidente y gobernador que debe ser juzgado por la historia.
“Violación de derechos humanos so pretexto de lucha, reivindicación, no se debe torturar a personas porque mañana cualquier bellaco movilizará a gente para quemar su casa, eso no es democracia”, precisó.
El acto contó con la participación de autoridades departamentales, municipales, de las víctimas y de otros sectores, quienes demandaron monitorear el proceso para que se cumpla con las recomendaciones emitidas por el GIEI.
Fuente: Ahora el Pueblo