La Paz, 29 de agosto (ATB Digital).- El Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) alertó que, si no se investigan y sancionan los 10
tipos de vulneraciones a los derechos humanos cometidas en 2019, existe
el riesgo de que esa impunidad motive, a futuro, la reiteración de esos
crímenes.
Esa instancia emitió hace poco el
“Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos
humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de
2019”.
Durante el régimen de Jeanine Áñez
(2019-2020) al menos 37 personas fueron asesinadas, más de 800
resultaron heridas y más de 1.000 detenidas de forma arbitraria,
torturadas y/o perseguidas.
El reporte exhorta al país a investigar y sancionar esas 10 vulneraciones para evitar que se reiteren esos crímenes.
“Cuando las violaciones de derechos no
son seguidas de investigaciones que determinen responsabilidades, se
instala la impunidad. Por su condición destructiva, la impunidad niega y
se contrapone a las ansias de verdad y justicia de quienes fueron
vulnerados en su dignidad, propicia la reiteración de los crímenes y
afecta la legitimidad del Estado de derecho. Por esta razón, es
fundamental que se avance en las investigaciones y los procesos
judiciales de rendición de cuentas por los hechos documentados en este
informe y otros similares”, indica el reporte.
El GIEI pidió “Investigar –de manera
seria, efectiva, exhaustiva, diligente, con pleno respeto del debido
proceso y de los derechos de las víctimas y de las personas imputadas y
procesadas–, juzgar y, en su caso, aplicar sanciones a los responsables
de los hechos documentados en este informe y otros similares”.
Entre las 10 vulneraciones a los derechos humanos cometidas en 2019 se encuentran las siguientes:
Derecho a la vida
El GIEI documentó casos en los que personas perdieron la vida durante operativos de fuerzas de seguridad estatales en:
– Santa Cruz: Roberth Ariel Calizaya Soto, en Montero (13 de noviembre). Filemón Salinas Rivera, en Yapacaní (13 de noviembre).
– Cochabamba: Miguel Ledezma González,
en Sacaba (11 de noviembre). Masacre de Sacaba (15 de noviembre). Juan
José Mamani Larico, en Cochabamba (12 de noviembre).
– Potosí: Marcelino Jarata Estrada, en Betanzos (12 de noviembre).
– La Paz: Percy Romer Conde Noguera,
Beltrán Paulino Condori y Juan Martín Pérez Taco, zona Sur, (11 de
noviembre). Masacre de Senkata, en El Alto (19 de noviembre).
El GIEI documentó casos en los que personas perdieron la vida por actos cometidos por particulares en:
– Santa Cruz: Marcelo Ricardo Terrazas Selene y Mario Salvatierra Herrera, en Montero (30 de octubre).
– Cochabamba: Limbert Guzmán Vásquez, en Quillacollo (6 de noviembre).
– La Paz: Sargento Juan José Alcón, en El Alto (11 de noviembre). Julio Llanos Rojas, (29 de octubre).
Derecho a la integridad personal
El informe indica que se produjeron
casos de tortura por parte de los uniformados a civiles, pero también de
particulares a otros particulares.
Estos casos ocurrieron en:
– Cochabamba: Personas detenidas por la Policía y el Ejército (12 de noviembre). En Sacaba (15 de noviembre).
– La Paz: Detenidas en El Alto y La Paz (entre el 10 y 13 de noviembre).
El GIEI documentó casos de violencia
sexual y de género cometidas por agentes estatales en contra de personas
detenidas, que son constitutivos de tortura, en las ciudades de El Alto
y La Paz, el 11 de noviembre.
Personas resultaron lesionadas, algunas con heridas de bala, durante operativos realizados por fuerzas de seguridad estatal en:
– Santa Cruz: Montero (13 de noviembre). Yapacaní (13 de noviembre).
– Cochabamba (12 de noviembre). Sacaba (15 de noviembre).
– Potosí: Betanzos (12 de noviembre).
– La Paz (entre el 28 de octubre y el 11 noviembre) y El Alto (11 y 19 de noviembre).
Los expertos documentaron actos de violencia cometidos por particulares en:
– Cochabamba: Retención y agresiones a Patricia Arce Guzmán en Vinto (6 de noviembre).
– Oruro: Toma y tortura de rehenes de la Caravana del Sur en Vila Vila (9 de noviembre).
El GIEI documentó casos en los que
personas sufrieron distintos tipos de agresiones cometidas por
particulares en contra de su integridad física, psicológica y/o sexual,
en:
– Santa Cruz: Entre el 23 de octubre y
el 14 de noviembre (Rotonda del Plan 3000, El Torno, San Carlos de
Yapacaní, la Doble Vía, La Guardia, Cotoca, Mairana, Ascensión de
Guarayos, el Puente de La Amistad y en el barrio Cofadena).
– Cochabamba: Entre 28 de octubre y el 11 de noviembre, en Sacaba, la ciudad de Cochabamba y Quillacollo.
– La Paz (entre el 28 de octubre y el 11 noviembre). El Alto (entre el 10 y el 13 de noviembre).
– Potosí: Betanzos (12 de noviembre).
– Oruro: Ataque a la Caravana del Sur en
Vila Vila (9 de noviembre). Caravana de Mineros en Playa Verde (10 de
noviembre). Caravana en Caracollo (11 de noviembre).
Derecho a la libertad y seguridad personal
El GIEI documentó casos en los que
personas fueron privadas de su libertad de forma arbitraria, ya sea por
agentes estatales o por personas no facultadas por ley para realizar
aprehensiones. Ciudadanos reportaron haber sido detenidas y tomadas como
rehenes por particulares.
Estos casos se presentaron en:
– Santa Cruz: Montero (30 de octubre y 13 de noviembre). Yapacaní (13 de noviembre).
– Cochabamba (29 de octubre y 12 de noviembre).
– Oruro: Ataque a la Caravana del Sur en Vila Vila. Ataque a la Caravana de Mineros en Playa Verde.
– La Paz (entre octubre y noviembre). Ciudad de El Alto (a partir del 10 de noviembre).
Derecho a la honra, dignidad y vida privada
El documento del GIEI identifica algunos casos:
– El 11 de noviembre, un grupo de 28
personas, incluyendo a una mujer y tres menores, fueron ilegalmente
aprehendidos en El Alto y transferidos a La Paz. Allí, fueron
presentados como terroristas y acusados de los ataques y saqueos en El
Alto, sin que primero se hubiera acreditado su participación en tales
hechos. El acto fue transmitido en vivo por redes sociales y
retransmitido por la prensa.
– El 9 de noviembre, en La Paz, cuando
cuatro funcionarios del Ministerio de Cultura fueron aprehendidos por
civiles en un garaje y entregados a la Policía, acusados de ser
partidarios del MAS y de producir bombas molotov. Su arresto fue
transmitido en redes sociales, con fines políticos.
– El 15 de noviembre en Sacaba, Marco
Carrillo Fuentes, del MAS, fue detenido e inculpado de incitar al uso de
armas de fuego y artefactos explosivos, con base en una captura de
pantalla de un video que circuló en redes y trasmitido por televisión.
– Se reportó la difusión en redes sociales de datos personales de personas detenidas.
– Los vocales electorales fueron
expuestos públicamente en medios, lo cual atentó contra su intimidad y
su derecho a la presunción de inocencia. Fueron trasladados a pie y
enmanillados mientras recibían insultos y agresiones.
– En otros casos, para presionar la
renuncia de personas a cargos públicos, se divulgaron sus direcciones
domiciliaras en redes sociales, tras lo cual grupos de personas llegaron
hasta sus viviendas para hostigarlos y amenazarlos.
Garantías judiciales y debido proceso
En 2019, se evidenció “el abuso del
sistema de justicia para perseguir a adversarios políticos; la
criminalización de personas por su participación en manifestaciones
sociales; la criminalización de vocales electorales que participaron en
las elecciones de 2019; la utilización generalizada de imputaciones de
sedición y terrorismo, y el uso abusivo de la detención preventiva”.
El GIEI documentó la imputación de
cargos infundados o desproporcionados; la falta de respeto a la
presunción de inocencia; la falta de asistencia jurídica satisfactoria
para personas imputadas, y el indebido ejercicio de presiones o
incentivos para aceptar culpabilidad por los cargos.
También evidenció obstáculos en el acceso a la justicia de las víctimas y de familiares de las víctimas.
Libertad de expresión, derecho de reunión y libertad de asociación
El GIEI-Bolivia sostiene que la libertad
de expresión, el derecho de reunión y la libertad de asociación
constituyen fundamentos esenciales para la consolidación de una sociedad
democrática, pluralista y tolerante.
“En relación con la libertad de
expresión, durante la realización de este informe se produjeron diversos
incidentes de violencia, amenaza, amedrentamiento o intimidación a
periodistas y a sedes de medios de comunicación. Algunos de estos actos
fueron cometidos por agentes estatales”, se lee en su informe.
Incluye el caso del 15 de noviembre,
cuando la corresponsal Teresa Bo, de Al Jazeera, fue agredida con gas
pimienta por la Policía mientras cubría una manifestación en vivo en La
Paz. En otros casos, manifestantes impidieron la realización de labores
periodísticas.
En relación a los derechos de reunión y
libertad de asociación, el GIEI indicó que fueron vulnerados. En ciertas
instancias, el uso excesivo de la fuerza por la Policía y las Fuerzas
Armadas en el control de las protestas sociales culminó con la muerte
y/o lesión de manifestantes, por ejemplo, en Cochabamba, Sacaba, El Alto
y La Paz.
Derecho a la no discriminación
El equipo internacional indica que el
Estado tiene la obligación de respetar y garantizar el pleno y libre
ejercicio de los derechos y libertades sin discriminación alguna, por lo
que todo tratamiento que pueda ser lo contrario es incompatible con la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El informe concluye que el prejuicio
racial en contra de pueblos y comunidades indígenas, y la discriminación
por razón de género fue persistente, incluso en las instituciones
públicas.
“El GIEI documentó una amplia gama de
vulneraciones del derecho a un trato no discriminatorio debido a otros
factores como la condición socioeconómica y la filiación política de las
víctimas”, indicó.
La discriminación también se evidenció
en hechos de violencia que sufrieron personas que participaron en
protestas sociales, en los abusos que ocurrieron en detención o en
situaciones de privación de libertad y en el trato no igualitario ante
la ley de las personas procesadas.
Derecho de toda mujer a una vida libre de violencia
El GIEI documentó graves hechos de
violencia contra mujeres en contextos diversos, por ejemplo, insultos
misóginos, sobre todo en el caso de bolivianas indígenas o campesinas.
“Esta violencia se presentó en el marco
de la persecución política en contra de personas que tuvieron vínculos
con el gobierno de (Evo) Morales y fue parte de la misma. Varias mujeres
fueron detenidas y sometidas a procesos que carecían de las más mínimas
garantías procesales y de legalidad, y algunas fueron sometidas a malos
tratos durante su custodia”, se lee en el informe.
El documento resalta el caso de una
víctima que fue detenida mientras intentaba auxiliar a dos hombres en El
Alto. Sufrió golpes en el abdomen, en la espalda y en otras partes del
cuerpo, con puñetazos, patadas, cascos y toletes.
“En el trayecto a la FELCC (Fuerza
Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto fue manoseada
sexualmente por los policías dentro del vehículo en que fue
transportada. Una vez en la oficina de la FELCC, fue obligada a
desnudarse, oportunidad en que una mujer policía nuevamente la manoseó.
En el penal femenino de Obrajes fue repetidamente humillada por las
policías, que le hacían, entre otros tratamientos crueles, limpiar con
un cepillo de dientes el comedor colectivo”, se lee en el informe.
Entre otros casos de hostigamiento,
detención e imputación, el GIEI resalta el de Patricia Hermosa, exjefa
de gabinete de Evo Morales, perseguida en noviembre de 2019 y detenida
en el régimen de Jeanine Áñez. Fue privada de libertad y sufrió un
aborto.
El equipo internacional también destaca
el caso de Lorgia Fuentes, detenida y torturada durante el régimen de
Áñez. Estuvo encadenada a una camilla de un hospital cuando se
encontraba delicada de salud. La acusaron sin pruebas de tener vínculos
con exautoridades del gobierno de Morales, por lo que la privaron de
libertad en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes en La Paz. Fue
electrocutada hasta convulsionar y sufrir un infarto cerebrovascular.
Derecho a la salud
El Artículo 10 del Protocolo Adicional a
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador)
establece que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el
disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social e
indica que la salud es un bien público.
“El GIEI documentó diversas violaciones
del derecho a la salud. Se registraron casos de denegación de atención
médica a personas detenidas y restricciones de acceso a personal del
Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret), como en el caso de
las personas arrestadas el 11 de noviembre de 2019 en El Alto y
torturadas en instalaciones policiales en El Alto y La Paz. En otros
casos, la Policía arrestó a heridos en centros hospitalarios, lo cual
motivó a otras personas lesionadas a abstenerse de hacerlo por miedo a
ser arrestadas”, se lee.
En algunos casos, se les negó a personas
atención de manera oportuna o adecuada en esos centros, con base en
criterios discriminatorios, como su posición o filiación política o su
participación en manifestaciones.
Derecho al trabajo
El informe indica que toda persona tiene
derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los
medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de
una actividad lícita libremente escogida o aceptada.
“En el marco de los hechos de violencia
investigados, el GIEI identificó la violación de diferentes facetas del
derecho al trabajo. Se vulneró la faceta de libertad del derecho al
trabajo cuando durante la crisis poselectoral y de persecución política,
servidoras y servidores públicos se vieron constreñidos a renunciar a
sus cargos, contrariando su voluntad y desconociendo sus garantías
laborales”, se asevera en el documento.
Vía: Agencia Boliviana de Información (ABI)