EE.UU., 23 sep 2021 (ATB Digital).- El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, denunció este jueves, en la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el golpe de Estado de 2019 que tuvo como protagonistas a opositores, cívicos, policías, militares, gobiernos extranjeros, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea.
“La ruptura del orden constitucional en mi país tuvo la participación de actores nacionales: políticos que en las urnas no cuentan con el respaldo del pueblo, malos efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas, comités cívicos, la jerarquía católica y medios de comunicación hegemónicos. Pero también contó con la participación de la OEA, a través de su secretario general, Luis Almagro; de otros gobiernos, como el de Argentina, que enviaron armas y municiones a los golpistas, del representante de la Unión Europea y de otras organizaciones no gubernamentales de origen internacional”, aseveró.
Dijo ante los países miembros de la ONU que el Estado Plurinacional de Bolivia recuperó su democracia en octubre de 2020, gracias a la unidad, lucha y conciencia del pueblo boliviano, ratificada en las urnas. Destacó que desde entonces el país retomó las acciones para la estabilidad política, económica y social.
Hizo referencia a la labor Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI – Bolivia) que presentó en agosto los resultados de las investigaciones sobre los hechos de violencia ocurridos durante el régimen de Jeanine Áñez.
“El último informe presentado por un grupo internacional de expertos independientes identificó que en el Estado Plurinacional de Bolivia se cometieron graves violaciones de derechos humanos, masacres y ejecuciones sumarias. Nuestro compromiso con el pueblo boliviano es que se haga justicia por las 38 vidas perdidas, por los cientos de heridos, detenidos, por los perseguidos, asilados y exiliados; por las graves violaciones a los derechos humanos que se ejecutaron durante un gobierno de facto; porque la justicia es condición esencial de toda democracia y de construcción de una verdadera paz social”, sostuvo.
Dio a conocer que durante el Gobierno de facto se vulneró sistemáticamente el derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso, la persecución, procesamiento y que el encarcelamiento de personas inocentes se convirtió en un hecho cotidiano y normal.
“La humillación, represión, ultraje de nuestros símbolos patrios, como la wiphala, el uso racista y sexista de la fuerza, estuvo dirigido en contra de la población movilizada por sus derechos, en su mayoría indígenas, obreras y obreros, campesinas y campesinos”, cuestionó.
Sostuvo que el compromiso del Gobierno boliviano es la construcción colectiva de la paz social a través de procesos de memoria, verdad y justicia.
“Mi gobierno, democráticamente electo, a pesar de las múltiples dificultades, incluida la pandemia del COVID-19, hace el mayor de los esfuerzos para recuperar la estabilidad, y el crecimiento económico con justicia social. Con la confianza de más del 55% de los votos del pueblo boliviano, tenemos la responsabilidad de defender nuestra independencia y dignidad como Estado libre y soberano”, aseveró.
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