La Paz, 2 oct 2021 (ATB Digital).- El 27 de agosto del 2002, Marcial Fabricano, una de las cabezas de la marcha indígena que llegó a Santa Cruz hace unos días, fue posesionado como viceministro de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios por el ultraneoliberal expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, mientras que la hija de éste, Ruth Fabricano, fue la principal ejecutiva del gobierno de facto de Jeanine Áñez en la empresa estatal, Boliviana de Turismo (Boltur).
Así lo recuerdan varias notas de prensa del 2002, como de marzo del 2020 donde se puede verificar los vínculos de ambos, con gobiernos de corte neoliberal.
Mientras Sánchez de Lozada esta prófugo de la justicia en EEUU, acusado por las decenas de muertes y cientos de heridos en la denominada Guerra del Gas, Áñez está recluida en la cárcel y es investigada por genocidio (masacres de Sacaba y Senkata), sedición y resoluciones contrarias a la Constitución al haberse proclamado presidenta del país en 2019.
El pasado jueves en la tarde llegó a Santa Cruz de la Sierra, la denominada marcha indígena a la cabeza de Marcial Fabricano y otros. De ella, representantes del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) cuestionaron su legitimidad ya que aseguraron que defiende a terratenientes, que está organizada para iniciar un proceso de desestabilización del gobierno de Luis Arce y está promovida por el actual gobernador de ese departamento, Luis Fernando Camacho quien es investigado por el caso Golpe de Estado de 2019, que puso a Áñez en el poder.
Curiosamente la marcha fue recibida por Camacho y Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz y quien fue duramente criticado por llamar, hace varios meses, “bestias humanas” a los indígenas de Santa Cruz.
La marcha indígena, según reiteradas declaraciones de Fabricano a los medios de comunicación, tiene el objetivo de la “defensa a la tierra y el territorio”, de los pueblos indígenas de las tierras bajas, aunque en su pliego petitorio entregado recién hoy al gobierno de Arce, no se hace referencia a los avasallamientos cometidos por conocidos terratenientes del oriente boliviano como Branko Marinkovic, exministro de Áñez y socio político de Camacho, y quien durante ese gobierno, se adjudicó de manera ilegal más de 26 hectáreas, las que según dijo el pasado agosto, el director de Planificación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan de Dios Fernández, serán “revertidas” al Estado.
“Todo lo que recibirán estos señores (familia Marinkovic) son 7.000 hectáreas. El resto de las propiedades vuelven al dominio del Estado boliviano y, dependiendo del suelo, se definirá la categoría de tierra fiscal disponible o tierra fiscal no disponible. Sí se van a revertir al Estado”, declaró la autoridad a radio Compañera.