La Paz, 8 oct 2021 (ATB Digital).- El rechazo de la CIDH a otorgar medidas cautelares en favor de Jeanine Áñez, evidencia que el Gobierno nacional respeta los derechos humanos, indicó este viernes el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo.
“Hoy la CIDH certificó que las condiciones en las que se encuentra la señora Añez en el Centro Penitenciario de Miraflores cumplen estándares interamericanos y son dignas. Somos un gobierno que respeta los DD.HH y lo seguiremos siendo”, escribió en su cuenta de Twitter.
Este viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) negó las medidas cautelares solicitadas por la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, y su hija Carolina Ribera. Debido a la situación, decidió cerrar el caso.
En agosto, la defensa de Áñez acudió a la CIDH para solicitar medidas cautelares en busca de una detención domiciliaria con el justificativo de que ella recibe amenazas, hostigamientos y agresiones en contra de su vida e integridad personal y sufre “la falta de acceso a un tratamiento médico adecuado (…) para restablecer su estado de salud”.
Ante esa solicitud, la CIDH pidió informes al Gobierno, evalúo la situación y desestimó la solicitud de Áñez. “Al respecto cumplo con informarle que, teniendo en cuenta la información remitida a la CIDH por ambas partes, el expediente correspondiente a la presente solicitud de medidas cautelares fue oportunamente cerrado”, indica una carta del organismo internacional.
Ante esa determinación de la CIDH, el Ministro de Gobierno exhortó “a la otra parte a cooperar de manera positiva con el Estado para implementar medidas en favor de la privada de libertad como lo expresa el informe. Agradecemos el trabajo de Régimen Penitenciario y del personal de salud; demostrando nuestro compromiso con los DDHH”.
Áñez está con detención preventiva acusada por los delitos de terrorismo, conspiración y sedición cometida en 2019 en un proceso judicial iniciado por la exdiputada Lidia Patty.
Durante su régimen, al menos 37 personas fueron asesinadas en protestas sociales y ejecuciones sumarias, así como en las masacres de Sacaba, Senkata, El Pedregal y Betanzos. Más de 800 resultaron heridas y más de 1.000 perseguidas y torturadas. (ABI)