EE.UU, 17 oct 2021 (ATB Digital).- Luego de que un juzgado federal del Distrito de Miami, Estados Unidos, ratificó este año una sentencia en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín como responsables de la masacre de octubre de 2003, el Gobierno boliviano anunció que continuará con el proceso de extradición.
“Vamos a insistir con la extradición del señor (Gonzalo) Sánchez de Lozada. Tenemos un proceso que está actualmente ante el Tribunal Supremo de Justicia”, afirmó el ministro de Justicia, Iván Lima.
Así se confirmó que ambos deberán pagar una indemnización de $us 10 millones por las matanzas extrajudiciales ejecutadas por militares durante las movilizaciones en toda Bolivia en 2003, en defensa del gas.
“El magistrado James Cohn desechó así el intento de Sánchez de Lozada y del exministro Carlos Sánchez Berzaín de anular el pago a familias de personas indígenas que murieron en las masacres y los demandaron en Estados Unidos bajo la ley de protección a las víctimas de la tortura, que autoriza a ventilar demandas por matanzas extrajudiciales ocurridas en otros países”, refiere una publicación de AP News.
EL JUICIO
En 2018 se instaló un juicio en Estados Unidos y se presentaron al menos 40 testigos, por ello un jurado declaró culpables a los dos exfuncionarios bolivianos y determinó la indemnización por daños y perjuicios en favor de los demandantes.
“Sin embargo, un mes después el tribunal de primera instancia anuló el veredicto del jurado y falló que, al no existir suficientes pruebas, los acusados no eran responsables”, agrega la publicación.
“Ninguno de los fallecidos estaba armado, ni había evidencia de que representaran una amenaza para los soldados. Muchos recibieron disparos mientras estaban dentro de una casa o en un edificio. Otros recibieron disparos mientras se escondían o huían”, dice la resolución de la Corte de Apelaciones norteamericana.
HECHOS DE CORRUPCIÓN
El Ministro de Justicia aclaró que en el Legislativo hay otros casos en curso para llevar a juicio a Goni y al ‘Zorro’ Berzaín, pero que al estar relacionados con hechos de corrupción, el Gobierno de Estados Unidos “usualmente no niega la extradición cuando se trata de esos delitos”.
Las víctimas y los familiares de las víctimas de esas masacres no pierden las esperanzas de que ambas exautoridades retornen a Bolivia para rendir cuentas por sus actos contra los bolivianos.
CARLOS MESA SE NEGÓ A DECLARAR
En 2018, el dirigente de la Asociación de Víctimas de Octubre Negro, Patricio Quispe, develó que el expresidente Carlos Mesa se negó a ser testigo de cargo en el juicio Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín a pesar de que en diciembre de 2017 y enero de ese año le solicitaron mediante carta que atestigüe a su favor.
“Nos sentimos traicionados y lamentamos su actitud porque, a poco de asumir la presidencia (18 de octubre de 2003), subió a El Alto y nos aseguró reparación y justicia. Dijo que se haría justicia, pero en su momento colaboró con Goni y Sánchez de Lozada al evitar declarar”, relató.
DECRETO DE LA MUERTE
En 2003, Sánchez de Lozada ordenó la militarización de El Alto amparado en el Decreto Supremo 27209 que establecía emergencia nacional en todo el territorio de la República, para garantizar el normal abastecimiento de combustibles líquidos a la población.
Los uniformados salieron a las calles para contener a los movilizados y usaron sus armas de fuego para quitar la vida a ciudadanos que rechazaban la exportación de gas por Chile.
MÁS DE 60 MUERTOS Y AL MENOS 400 HERIDOS
En las protestas callejeras durante la ‘Guerra del Gas’ murieron 64 personas y más de 400 resultaron heridas.
13 de octubre de 2003, Carlos Mesa, entonces vicepresidente, decide alejarse del Gobierno y le quita el apoyo a Goni.
17 de octubre de ese año, Goni y varios ministros huyen de Bolivia y presentan sus renuncias.
Fuente: Ahora El Pueblo