La Paz, 22 oct 2021 (ATB Digital).- El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas confirmó este viernes que la Ley 1386, de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo —que genera en el país algunas movilizaciones y anuncios de nuevas medidas de presión—, será reglamentada en coordinación con los sectores sociales.
“La Ley será reglamentada en coordinación con los sectores sociales involucrados con la finalidad de definir las tareas a ser ejecutadas dentro de la estrategia; es decir, se delimitarán plazos, uso de herramientas y metodologías, entre otras, para la ejecución de la citada norma”, cita un boletín informativo de ese despacho gubernamental.
Además, la reglamentación será puesta a consideración del Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo en coordinación con las carteras de Estado que conforman dicha instancia.
La Ley 1386, de siete artículos y vigente desde el pasado 16 de agosto, es cuestionada por algunos sectores sociales del país, como los cívicos, gremiales, transportistas y otros.
Sin embargo, “esta normativa no afecta a los transportistas, pequeños comerciales ni al sector gremial, como lo expresaron algunos representantes de organizaciones sociales (y) políticos de oposición; al contrario, esta ley es preventiva, considerando que define las principales directrices en cuanto a la lucha contra las ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo”, insiste Economía y Finanzas Públicas en su nota.
El Gobierno también inició una campaña de socialización con algunas organizaciones sociales que se encuentran susceptibles por la vigencia de la ley y, según el Ministerio de Economía, “muchos sectores comprendieron el objetivo de la medida” y ahora, luego de aclarar sus dudas, “incluso apoyan la norma porque saben que no les afectará como se pretende hacer creer a la población”.
“En este contexto, es tendencioso señalar que la norma en cuestión tiene únicamente un fin de persecución, ignorando que la necesidad de esta ley responde al cumplimiento de un compromiso realizado a nivel internacional tanto con las Naciones Unidas, así como con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entre otros”, concluye el reporte.
(La Razón)