La Paz, 8 nov 2021 (ATB Digital).- El informe de gestión del presidente de Luis Arce se alargó por más de dos horas y tocó diversas temáticas, entre salud, vacunación anticovid, educación, economía, justicia, temas productivos, entre otros.
Siempre comparando su gestión con el que fue, en su opinión, un “Gobierno de facto” de Jeanine Añez, Arce dejó varios datos y cifras sobre su año de trabajo:
Salud y vacunación
El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, destacó este lunes que, a un año de su gestión, el 54,4% de la población boliviana mayor de 18 años ya cuente con el esquema completo de vacunación contra el COVID-19, con la aplicación de 7,9 millones de dosis de las más de 15,4 millones de vacunas gratuitas que se dispusieron para garantizar el derecho a la salud.
“En el año de gestión de nuestro gobierno elegido democráticamente, se han colocado 7,9 millones de dosis, entre primeras, segundas, terceras y únicas dosis. A noviembre de 2021, 54,4% de la población mayor de 18 años cuenta con el esquema completo de vacunación contra el COVID-19”, destacó.
El mandatario recordó que, al asumir el mandato, en noviembre de 2020, el país se encontraba sumido en una profunda crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19.
“En Bolivia, el COVID-19 llegó en marzo de 2020, trayendo dolor, luto e impotencia frente a una clara incapacidad de manejar la crisis sanitaria del gobierno de facto, la falta de insumos médicos, de medicamentos, de oxígeno, pruebas masivas de PCR, de personal capacitado se tradujo en cifras estremecedoras de letalidad, en un escenario que, a pesar de haber adoptado cuarentenas rígidas y flexibles, no avizoraba esperanza para el pueblo boliviano”, rememoró.
Detalló que Bolivia pasó de una tasa de letalidad de 6,2%, en la primera ola, a una letalidad que no superó el 2,7% en la segunda y tercera olas, y al comienzo de una cuarta ola, en el país se registran los niveles más bajos de toda la pandemia con 0,96% en noviembre de 2021.
Por otro lado, Arce informó también que el Gobierno nacional desembolsó Bs 1.088 millones para la atención gratuita de enfermedades comunes, además de la compra de medicamentos, insumos y equipos, que benefician a más de 5,8 millones de bolivianos que están registrados en el Sistema Único de Salud (SUS).
Educación
En el tema de educación, el presidente destacó que el 81,4% del total de las unidades educativas del país pasan clases presenciales y semipresenciales, realidad distinta a lo que ocurrió durante el golpe de Estado cuando se clausuraron las labores educativas.
“A diferencia del gobierno de facto, la política educativa en nuestro gobierno se dirigió a establecer tres modalidades de atención educativa: presencial, semipresencial y a distancia”, destacó el presidente en su informe de gestión.
Destacó que una de las modalidades implementadas para asegurar el acceso a la educación inclusiva y sin ninguna forma de discriminación, fue el Programa Educa Bolivia, aplicado en el marco de la política de igualdad de oportunidades y con el objetivo de llegar a aquellas poblaciones que no tienen acceso a dispositivos tecnológicos e internet de calidad.
Economía
Sobre el tema económico, Arce dio distintos datos y tocó varios puntos. Así, destacó que las diferentes medidas económicas y sociales, implementadas desde diciembre de 2020, respondieron favorablemente y permitieron retomar resultados positivos para la economía boliviana.
Explicó que “gracias a la recuperación de la democracia”, en noviembre del año pasado, se llevaron adelante diversas medidas orientadas a reconstruir la economía, partiendo de un manejo adecuado de la pandemia del COVID-19, que permita retomar la senda del crecimiento.
“Las medidas implementadas respondieron favorablemente logrando retomar resultados positivos para nuestra economía, disminuyendo la profundidad de la crisis que en el segundo y tercer trimestre de 2020 tocaba fondo, con caídas pronunciadas acumuladas del producto de -12,9% y -12,6%, respectivamente”, dijo.
Indicó que desde que asumió el Gobierno, a partir del cuarto trimestre de 2020, se retornó de manera paulatina “hacia un horizonte positivo” reflejando los resultados de las medidas implementadas, por lo que, en el segundo trimestre de 2021, Bolivia registró un crecimiento acumulado del Producto Interno Bruto (PIB) del orden del 9,4%.
“Entre las medidas adoptadas, apenas asumimos el Gobierno nacional se restablece inmediatamente el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) a través de la orientación de una política económica que promueva el dinamismo de la demanda interna”, acotó.
Señaló que algunas de las medidas implementadas son la cancelación del Bono Contra el Hambre, la reactivación de la inversión pública, la continuidad de los pagos del bono Juancito Pinto, la Renta Dignidad y el Bono Juana Azurduy.
Además, se implementó la política del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), el Régimen de Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (Re-IVA), el fideicomiso SIBOLIVIA por el equivalente a Bs 911 millones a disposición del sector productivo nacional para la sustitución de importaciones.
Se creó el Fondo de Garantía Fogadin para poner a disposición del sector productivo garantías que permitan cubrir sus necesidades y acompañar la política de sustitución de importaciones; asimismo, se restituyó el crédito de vivienda a tasas de interés accesibles para la población.
Se constituyó el Farip de Bs 2.000 millones para beneficiar a las entidades territoriales autónomas, gobernaciones, municipios y gobiernos autónomos indígena originario campesinos que sufrieron la caída de sus ingresos “producto del mal manejo de la política económica por parte del gobierno de facto”.
Se implementó la política de devolución de aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), se creó el Foccip con un equivalente a Bs 1.500 millones para proyectos productivos de las entidades territoriales autónomas, entre otras medidas importantes, según los datos del jefe de Estado.
Justicia por los hechos del 2019
El presidente Luis Arce destacó también que se logró el inicio de procesos penales contra la expresidenta Jeanine Áñez y varios exjefes y autoridades militares y policiales por las masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas, persecuciones y violaciones de derechos humanos ocurridos el 2019.
“Actualmente, los procesos en contra de los autores de esos crímenes se encuentran a cargo del Ministerio Público, como establece la Constitución Política del Estado”, manifestó, en la lectura del informe de su primer año de mandato.
El mandatario rememoró que las acciones judiciales cuentan con el respaldo de un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), que fue viabilizado junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para obtener justicia dentro de un debido proceso y bajo los principios de objetividad y transparencia.
“Actualmente, se emplazan las actividades correspondientes para dar estricto cumplimiento a las recomendaciones del GIEI”, aseveró.
Lucha contra la violencia hacia las mujeres
Finalmente, el presidente Luis Arce afirmó este lunes que el Gobierno se comprometió a luchar de manera frontal contra la violencia hacia las mujeres. Destacó que en este primer año de gestión se realicen diversas acciones para garantizar a las mujeres bolivianas una vida libre de violencia, entre ellas, la emisión de Decreto Supremo Nº4399 que modifica el reglamento a la Ley Nº348 y la formación de promotoras comunitarias, entre otras acciones.
“Existe el compromiso del Gobierno constitucional de luchar frontalmente contra los delitos de violencia contra las mujeres. (…) En el primer año de Gobierno, entre otras acciones, se dotó de equipamiento a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, se emitió el Decreto Supremo Nº4399 que modifica el reglamento a la Ley Nº348, (Integral) Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de reforzar las medidas y acciones dirigidas a garantizar a las mujeres bolivianas una vida libre de violencia”, expresó el mandatario.
Indicó que en la gestión 2019, la Policía Boliviana recibió 35.577 denuncias de violencia familiar y/o doméstica; en el 2020, las denuncias se redujeron a 29.749.
“Presumiblemente, por las medidas de cuarentena rígida, la cual generó que los delitos ocurridos dentro del hogar por motivos de convivencia no sean denunciados”, explicó.
En el caso de los hechos de feminicidio, lamentó que en la gestión 2020 se suscitaran 102 hechos. Aseveró que la violencia contra las mujeres y los feminicidios son un “mal estructural” que afecta a toda la sociedad.
Detalló que en esta primera gestión se están fortaleciendo las capacidades de promotoras comunitarias contra la violencia hacia las mujeres.
“Se fortalecieron las capacidades de las promotoras comunitarias contra la violencia hacia las mujeres y se realizó la gestión para su evaluación y certificación por parte del Ministerio de Educación”, detalló.
Fuente: Oxígeno.bo