Suiza, 7 dic 2021 (ATB Digital).- Luego de más de 10 horas de viaje y meses de preparación, Nadeshda Guevara (34 años) llegó hasta la fría ciudad de Ginebra, Suiza, para presentarse ante el Comité contra la Tortura de la ONU (CAT). El martes 23 de noviembre, día en que su exposición estaba agendada, solo tuvo dos minutos para hablar. Ese es el tiempo estipulado en la normativa de la organización. “Es algo frustrante”, reconoce.
En esos 120 segundos intentó transmitir la magnitud de lo que denuncia: luego de seis meses de investigación, la abogada registró a 180 personas en toda Bolivia que fueron arrestadas por causas políticas entre 2019 y 2020, a las que se les aplicaron figuras legales como sedición, terrorismo o robo. Estas personas pasaron en prisión entre cuatro meses y un año y buena parte sufrió tortura policial o militar.
Como complemento a los dos minutos de exposición, el Comité está abierto a recibir toda la documentación que se estime conveniente. Guevara llegó con varias carpetas en sus manos que entregó a la entidad de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En esas carpetas la abogada llevaba una querella criminal contra el exministro de Gobierno Arturo Murillo y una proposición acusatoria contra la expresidenta transitoria Jeanine Añez, ambas presentadas en Bolivia el 29 de octubre, por sus responsabilidades en los casos que ella representa.
— ¿Por qué una querella contra Murillo y una proposición acusatoria contra Añez?
— Es por el cargo que ocupó cada uno en esa etapa. No se le puede hacer un juicio de responsabilidades a Murillo. La querella criminal contra Murillo es por delitos de tortura y delitos conexos como desaparición forzada, lesiones, entre otros. Contra Áñez presentamos una proposición acusatoria ante la Fiscalía General del Estado, que luego debiese pasar a la Asamblea Legislativa; con esto buscamos que se le condene por delitos de lesa humanidad.
— ¿Cómo describe el panorama judicial durante el gobierno de Áñez?
— En esa época Arturo Murillo daba sus conferencias y decía que habían sentenciado a personas detenidas el día anterior. Es decir, él era el fiscal, el juez, el ministro, era todo. Había una ruptura constitucional que no tenía ningún horizonte. El poder judicial se inclinó ante el poder ejecutivo.
En mayo de 2021, Nadeshda Guevara fue nombrada encargada del Servicio para la Tortura en Bolivia por decreto presidencial. Rápidamente ordenó la identificación de las personas que estuvieron en prisión entre 2019 y 2020 por causas políticas, como forma de encontrar a potenciales víctimas de tortura. En el listado aparecieron 180 personas.
Guevara decidió aplicar el protocolo de Estambul a la mayor cantidad de gente posible, pero por tiempo y capacidad solo pudieron aplicárselo a 54 personas. El protocolo de Estambul fue adoptado por la ONU en 2000 y según la explicación de la propia abogada, es un manual estándar para determinar secuelas físicas y psicológicas de las víctimas de torturas o tratos crueles. Esto se hace durante por lo menos seis sesiones. Los resultados arrojan un parámetro de lo que la persona necesita para una posterior terapia. Además, sirve como prueba legal para una potencial denuncia.
Gracias a esta investigación, la abogada, ya en su calidad de privada, asumió la representación de estas 54 personas a las que se les aplicó el protocolo de Estambul, y que decidieron querellarse contra Arturo Murillo y pedir un juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez. Son 54 historias de violencia estatal, con acusaciones que van desde golpes hasta la aplicación de electricidad en los genitales.
Por esto, Guevara fue invitada a exponer ante el Comité contra la Tortura que entre el 23 y el 26 de noviembre sesionó para analizar la situación en Bolivia. Ella fue en representación de la sociedad civil.
— ¿Qué le pidieron al Comité?
— El Estado tiene que garantizar que se respete el debido proceso, porque los mismos fiscales que acusaron a estas personas en 2019 y 2020 se mantienen hasta hoy. Queremos que no haya ningún tipo de obstaculización. Buscamos que las recomendaciones que haga el Comité puedan enfatizar en la reparación de las víctimas. Eso se logra con la creación de una memoria histórica, el Estado no puede dejar atrás los hechos que sucedieron en 2019 en Bolivia; se debe hacer justicia identificando a los autores intelectuales y materiales; debe haber también una compensación económica a las víctimas que han sufrido consecuencias físicas y psicológicas.
— ¿Cuál es la situación actual de estas personas?
— La mayoría ya no están en la cárcel. Estas personas han perdido sus trabajos, se han endeudado para salir de las cárceles, han perdido sus familias, muchas han sido víctimas de abusos sexuales y han perdido los deseos sexuales, algunas tienen como secuelas características esquizofrénicas, o episodios psicóticos. Todo eso se comprobó con el protocolo de Estambul.
— En su investigación, ¿qué pudo concluir del actuar policial?
— Hay que hacer una reflexión profunda sobre las instituciones policiales. Con toda la investigación que he realizado, la Policía tiene un espíritu de la agresión y ve la violencia como forma de rehabilitación. A todos los privados de libertad en general, a todos. Y pasa en el Estado Plurinacional, en la república, es transversal. La tortura está normalizada y prácticamente institucionalizada, no solamente en centros penitenciarios sino también en centros militares. Debe ser una lucha constante.
— Luego de la presentación ante el Comité, ¿qué acciones tomarán?
— Nosotros estamos visitando a todas las organizaciones de Derechos Humanos acá en Suiza, luego iremos a otros países de Europa. Queremos que nos puedan recibir las denuncias que hemos hecho, así las organizaciones pueden estar atentas de lo que vaya pasando con la querella y la proposición acusatoria que estamos llevando a cabo en Bolivia.
(Luego de haber escuchado a actores civiles y al Estado boliviano y haber recibido la documentación respectiva, el Comité contra la Tortura de la ONU se dio un plazo para entregar sus recomendaciones hasta el viernes 3 de diciembre).
Fuente: La Razón