Potosí, 12 dic 2021 (ATB Digital).- La exvicepresidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí, Zulema Mamani, confirmó este domingo que el expresidente de esa instancia, designado por el gobierno de facto de Jeanine Áñez, Julio Mujica, fue quien presentó la denuncia contra el exlíder cívico Marco Antonio Pumari por la quema de esa institución en 2019.
“Las nuevas autoridades electorales, me refiero al señor Julio Mujica, quien era presidente del Tribunal Electoral delegado por la señora Jeanine Áñez, quien se querelló, ya haciendo notar delitos, en este caso por deterioro de bienes del Estado, entre otros seis delitos; son ellos los que se han querellado y por lo que ha seguido esta denuncia en contra de autor y autores”, indicó en una entrevista con Bolivia Tv.
Explicó que Mujica, en su calidad de presidente y por orden de Sala Plena, fue quien continuó con la querella contra el autor o autores, esta vez identificando a quienes habían realizado el atentado contra la infraestructura del TED potosino.
La exvocal explicó que el 26 de noviembre de 2019 los componentes de esa instancia electoral fueron cesados de sus funciones, por lo que la expresidenta de facto eligió nuevas autoridades electorales.
“Nosotros nos habíamos querellado solamente contra autor o autores, porque hasta ese momento no teníamos clara la idea de quiénes habían quemado el Tribunal Electoral, lo que sí sabíamos es que el señor Pumari, a la cabeza del Comité Cívico, es el que instigó, pero generalizamos esta denuncia”, dijo.
Mamani relató que el excívico, pese a corroborar que no existió ninguna irregularidad en el proceso electoral de octubre de 2019 en ese departamento, de igual forma movilizó a la población con mentiras con un relato de un supuesto fraude electoral.
Pumari había hecho circular la información falsa de que en un ambiente alquilado por el TED, contiguo al edificio principal, se estaba gestando un cambio de actas electorales; sin embargo, esa versión fue desechada por el propio excívico y su comitiva en presencia de las autoridades judiciales y policiales.
Fuente: ABI