La Paz, 10 feb 2022 (ATB Digital).- Este jueves se aprehendió a Mary C. CH. M., la segunda trabajadora social involucrada en las irregularidades en el Juzgado Primero de Ejecución Penal del exjuez Rafael Alcón, informó el fiscal Anticorrupción, Junior Flores.
La aprehendida está acusada de cobrar entre Bs 1.000 a Bs 2.000 para emitir informes en favor de los privados de libertad. La Fiscalía cuenta con los indicios y se prevé en las próximas 24 horas se emita una imputación formal para que la autoridad jurisdiccional defina su situación procesal, señala un reporte de la ABI.
“El día de ayer (miércoles) la comisión de fiscales a emitido una orden de aprehensión debidamente fundamentada en contra de una de las trabajadoras sociales del Juzgado Primero de Ejecución Penal (…) Esta persona no solamente con relación al señor Richard Choque, sino con relación a otros privados de libertad se habría generado diferentes irregularidades”, explicó el fiscal.
Añadió que la investigada fue aprehendida la mañana de este jueves. Ella estaba encargada de realizar diferentes informes y hacer seguimiento a los diferentes privados de libertad. Según la fiscalía, se logró establecer que uno de los privados de libertad, Leonel C. P., estaba “gozando de detención domiciliaria”.
“Durante las investigaciones que el Ministerio Público ha podido establecer que esta funcionaria en calidad de trabajadora social primero no ha realizado el seguimiento correspondiente y segundo se ha podido tomar la declaración de uno de los testigos quien ha manifestado que esta trabajadora social le habría exigido alrededor de casi más de 1.000 a 2.000 bolivianos para que pueda realizar informes a favor de los privados de libertad”
Asimismo, se detectó que esta funcionaria no realizó la verificación del domicilio del feminicida serial, Richard Choque Flores, ni la de sus garantes. Además, se evidenció irregularidades con otros privados de libertad.
Según Flores, existen las sospechas de que la trabajadora social cometió los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y consorcio de jueces, fiscales, abogados y policías en grado de complicidad, reportó la ABI.