La Paz, 14 de febrero (ATB Digital).– En entrevista con la televisora estatal Bolivia TV, el Vocero Presidencial indicó que los responsables del golpe de Estado “sabían que el tiempo transcurre y un día iban a tener que enfrentarse a los estrados judiciales por las masacres de Senkata y Sacaba, por las muertes. Ahí tendrá, seguramente, otro proceso porque el pueblo boliviano pide y clama justicia”.
Agregó que “seguramente (Jeanine) Añez deberá enfrentar otro proceso por las pérdidas humanas que existieron durante los conflictos sociales de 2019”.
Actualmente, la expresidenta de facto enfrenta tres procesos en la justicia boliviana, el primero y están en puertas las audiencias orales es el denominado caso Golpe de Estado II, en el que está acusada de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.
El segundo proceso es el denominado Golpe de Estado I, donde la imputación es por sedición y terrorismo. Este proceso está a la espera de una decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional para ver si este caso deberá ser en un proceso ordinario o en un juicio de responsabilidades.
El tercer proceso que enfrenta Añez está relacionado con una presumible designación irregular de Karina Fabiola Leiva Añez de Ruiz como gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) en 2020, por lo que fue imputada por el Ministerio Público por los presuntos delitos de nombramientos ilegales, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y anticipo o prolongación de funciones.
FAMILIAS PIDEN JUSTICIA
Los familiares de las víctimas de la masacre en Huayllani – Sacaba de 2019 se declaran en emergencia y anuncian el inicio de un proceso civil en contra de Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Carlos Mesa y otras personas ante la falta de celeridad en el proceso penal.
“Nosotros como víctimas, heridos, familiares de fallecidos y toda la organización del 15 de noviembre pedimos justicia”, “nos declaramos en emergencia porque como víctimas de la señora Añez en su gobierno de facto hubo heridos y fallecidos, esto no puede quedar impune”, fueron los reclamos de algunos familiares.
Ayer tuvieron un encuentro en la ciudad de Sacaba para manifestar su molestia y exigir que las muertes de 37 personas no queden en la impunidad.
De forma separada, el ministro de Justicia, Iván Lima, indicó que, en cumplimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), el Estado trabaja por la “memoria, verdad y justicia” para las víctimas de los hechos luctuosos de 2019, por lo que, advirtió, no se dará impunidad a nadie.
La Fiscalía presentó el 20 de agosto de 2021 la proposición acusatoria al Tribunal Supremo de Justicia.
La huelga de hambre que inició la expresidenta de facto Jeanine Añez no paraliza el juicio por el golpe de Estado de 2019, ya que la Ley de Fortalecimiento de la Lucha Contra la Corrupción permite que este tipo de procesos continúen en rebeldía de los acusados.