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Justicia aclara que la decisión de la CPI es vinculante y que el Gobierno acatará sus alcances

Justicia aclara que la decisión de la CPI es vinculante y que el Gobierno acatará sus alcances

La Paz, 15 feb 2022 (ATB Digital).-  El Gobierno nacional asumirá el carácter conclusivo de la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) que rechazó el investigar a Evo Morales por acusaciones en 2020, durante el gobierno de Jeanine Áñez, informó el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

“El Gobierno asume el carácter conclusivo de la decisión del fiscal de la CPI y acatará los alcances del mismo en coherencia con su pleno respeto a la independencia judicial de tribunales nacionales e internacionales”, señala parte del comunicado de esa cartera de Estado. 

Aclaró que Bolivia suscribió el Estatuto de Roma el 17 de junio de 1998 y lo elevó a rango de ley el 24 de mayo de 2002; por tanto, asumió el compromiso de cumplir y acatar las determinaciones, fallos y decisiones de la CPI.

“El Gobierno nacional recibe bajo esos términos y acoge como vinculante y de cumplimiento obligatorio la decisión del fiscal de la CPI, Karim A. A. Khan QC, quien determinó con la autoridad que le otorga el Estatuto de Roma, que ‘no existe fundamento suficiente’ para procesar en ese alto tribunal al expresidente constitucional de Bolivia, Evo Morales Ayma”, indica el comunicado.

Asimismo, aseveró que la Fiscalía de la CPI determinó que “la presunta conducta” atribuida al exmandatario “no presenta elementos contextuales constitutivos de crímenes de lesa humanidad”, planteados en 2020 por el gobierno de facto de Jeanine Áñez.

“Tras una evaluación exhaustiva e independiente de la información de que dispone mi oficina, he determinado que no se cumplen los criterios establecidos en el Estatuto de Roma para abrir una investigación”, indicó Khan en un comunicado difundido el pasado lunes.

Khan dijo que algunos manifestantes “pueden haber actuado con imprudencia”, aunque los líderes de la protesta les instaron a dejar pasar los medicamentos.

En septiembre de 2020, el entonces procurador General del Estado, José María Cabrera, se constituyó ante la CPI para interponer una denuncia en contra del expresidente y los organizadores de una movilización para bloquear carreteras. El bloqueo empezó después de que el régimen aplazara varias veces las elecciones, lo que promovió un reclamo al respeto a la democracia en el país.

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