La Paz, 03 de marzo (ATB Digital).- Entre los 18 criterios de incompatibilidad para la elección del próximo Defensor del Pueblo están el haber expresado opiniones o desarrollado acciones de discriminación, racismo o participado de acciones de “ruptura del orden constitucional”, establece el proyecto de reglamento para seleccionar y designar al Defensor del Pueblo que está en manos del Legislativo.
Según el documento al que accedió La Razón, uno de los criterios de inelegibilidad prevé: “No haber expresado, en algún momento de su trayectoria, opiniones públicas o desarrollado acciones contra los derechos fundamentales, en particular, si fueron expresadas o desarrolladas en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo u otras que tengan por objetivo o resultado menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de todas las personas”.
Los candidatos para Defensor del Pueblo “no deben haber participado o estar involucrados en actos de gobiernos militares o de facto, ni en la ruptura del orden constitucional”.
Para el Gobierno de Luis Arce y el MAS, lo ocurrido en la crisis de 2019 implicó la ruptura del orden constitucional y un golpe de Estado. En ese noviembre una crisis agudizada por la movilización cívica denunciando fraude electoral, el motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión acabó en la renuncia del expresidente Evo Morales.
De hecho, los hechos que se investigan de ese entonces se los denomina Golpe de Estado I y Golpe de Estado II. La exsenadora Jeanine Áñez tomó la presidencia del Senado y luego el poder en sesiones legislativas sin quórum y sin respetar las normas legales de sucesión, según la Fiscalía. Áñez se encuentra en la cárcel desde marzo de 2020.
También quedarán en el camino aquellos postulantes que hayan desempeñado un alto cargo en los gobiernos subnacionales y quienes hayan tenido un cargo dirigencial político o militancia hasta ocho años antes de su postulación.
La calificación de los postulantes estará divida en méritos, capacidad profesional y trayectoria en derechos humanos.
Quien salga elegido reemplazará en el cargo a Nadia Cruz, quien ejerció el cargo de forma interina tras la dimisión de David Tezanos Pinto por problemas conyugales.
En el Legislativo deberá aprobarse el reglamento y lanzarse la convocatoria. El MAS fijó como parte de la agenda legislativa la elección del nuevo Defensor del Pueblo.
Vía: La Razón