La Paz, 18 mar 2022 (ATB Digital).- A través de su cuenta de Twitter, el expresidente Evo Morales se refirió al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que declaró como inconstitucional su inhabilitación como candidato a Senador en las elecciones general del 2020 y ordenó la indemnización a favor del actual líder del Movimiento al Socialismo (MAS).
“Nunca hemos pedido indemnización por la inhabilitación política ilegal e inconstitucional a nuestra candidatura como senador por Cochabamba. Estamos sorprendidos de que el TCP recién publique una sentencia que siempre supimos debía ratificar nuestro derecho a postularnos”, señaló Morales.
El expresidente, en ese sentido, advirtió que iniciará acciones legales para saber quien “ordenó” su inhabilitación.
“Iniciaremos todas las acciones legales para saber quién dio la orden para inhabilitarnos. Por Memoria, Verdad y Justicia el pueblo tiene derecho a saber la verdad. No tenemos la intención de cobrar la indemnización. Nuestra demanda fue por justicia y no por plata”, acotó.
Eso sí, el líder del MAS aseveró que quien ordenó inhabilitarlo forma parte de la “derecha golpista” que incluso, el 2020, buscó proscribir a esa organización política.
“En 2020, la derecha golpista nos inhabilitó y trató de proscribir al MAS-IPSP. Aunque tardía, la sentencia del TCP muestra que el TSE y un tribunal de garantías constitucionales actuaron políticamente y atentaron contra el derecho del pueblo a elegir libremente”, finalizó.
En septiembre de 2020, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó la candidatura a Senador por el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales argumentando que el exmandatario no cumplía con el requisito constitucional de la residencia permanente, pues había recibido asilo político en México y luego refugio en Argentina casi un año antes.
Después, un tribunal paceño de justicia negó el recurso de apelación de Morales, por lo que el exmandatario acudió al TCP, a través de su abogado y actual procurador, Wilfredo Chávez, con el argumento de que se vulneraron sus “derechos fundamentales y garantías constitucionales”, al dejarlo fuera de la contienda electoral.
En ese sentido, el TCP falló que no correspondía la inhabilitación de Morales ya que el exmandatario, el 2020, tenía la condición de refugiado político, y además ordena la indemnización económica por daños civiles y judiciales. El monto deberá definirse por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia.
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