La Paz, 22 de marzo (ATB Digital).-
Según datos del Servicio Nacional de Información en Salud (SNIS), en la gestión
2021, se registraron en el país más de 38 mil embarazos en niñas y
adolescentes, lo que equivale a un promedio de 105 por día; en tanto, en
menores de 15, hubo 2.329 gestaciones, un promedio de 6 por día. La mayoría de estos
casos fue por violencia sexual.
El embarazo adolescente e infantil es una de las cinco
amenazas contra la vida, la salud y el desarrollo de las niñas y adolescentes
bolivianas, identificadas por el Fondo de Población de las Naciones Unidas,
UNFPA, hace un llamado para extremar esfuerzos para erradicarlas. La gestación
temprana pone en riesgo la vida y salud de las menores, con consecuencias que
afectan su desarrollo.
El embarazo adolescente e infantil, así como la
maternidad temprana, configuran uno de los mayores desafíos sociales, políticos
y económicos para los países en desarrollo, entre ellos Bolivia. Cuando una menor
se convierte en madre, sus derechos sexuales y reproductivos, y el acceso a la
salud, educación, entre otros, se ven vulnerados a corto plazo. con
consecuencias a mediano y largo plazo.
Su potencial de desarrollo, su posibilidad de obtener
ingresos dignos y su futuro corren peligro. Hay una gran probabilidad de que
queden atrapadas en un círculo de pobreza y exclusión, que las afectará
principalmente a ellas, pero que también limitará las oportunidades de sus
hijos y, de forma agregada, dada la magnitud del embarazo precoz en el país,
afecta a su entorno social.
Ninguna niña debería ser madre. Por ello, el UNFPA pide
que se garantice el derecho de las niñas y adolescentes a un desarrollo pleno,
con información y sistemas de protección eficaces, con servicios municipales
que cuenten con el personal y los recursos necesarios para la atención con
oportunidad, calidad y calidez, incluidos los servicios de salud sexual y
reproductiva.
La violencia sexual contra niñas y adolescentes es, en
muchos de los casos, la causa del embarazo precoz. En 2021, la Fiscalía registró
2.007 casos de violación de infante, niño, niña o adolescente; es decir, 167
por mes, 5 por día. La pandemia por Covid-19 ha demostrado que las menores
corren riesgo en sus propios hogares, porque los perpetradores son familiares o
personas cercanas al entorno familiar.
Los agresores sexuales muchas veces NO reciben el castigo
legal contemplado en la ley. El caso de Richard Choque Flores, asesino,
feminicida y violador serial, destapó un severo problema de corrupción en el
sistema judicial que impide que las víctimas encuentren justicia. El hombre fue
favorecido por un juez con detención domiciliaria pese a tener una sentencia
ejecutoriada de 30 años por feminicidio.
Choque salió del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz
un 24 de diciembre de 2019. Apenas estuvo libre, creó un perfil falso en
Facebook y, desde esa cuenta, contactó a 77 mujeres, entre ellas, dos
adolescentes dadas por desaparecidas en 2021 y halladas el pasado 24 de enero
enterradas en una habitación de la casa que ocupaba en la zona Ballivián de El
Alto.
El hecho generó la indignación social, por lo que se creó
una comisión de revisión de casos de violaciones y feminicidios. Son 171 hechos
irregulares identificados hasta la fecha, mediante los que se favoreció con
salidas a privados de libertad de todo el país que tenían una sentencia
ejecutoriada, muchos de ellos por violación de niñas y adolescentes.
UNFPA identifica el acceso a una justicia real y pronta como
uno de los aspectos urgentes que el país demanda. Pero, es importante que esa
reforma considere una perspectiva de género para que los casos de violencia
hacia niñas, adolescentes y mujeres sean sancionados adecuadamente; sin
revictimización, ni prejuicios o estereotipos de género en la valoración de los
casos.
En este tiempo en que los gobiernos municipales han visto
reducidos sus presupuestos, se debe garantizar que los servicios de protección,
como las defensorías de la niñez y adolescencia, funcionen con personal
adecuado y suficiente.
La educación integral de la sexualidad, dentro y fuera de
la escuela, es una de las herramientas más eficaces para la prevención. Una
formación en valores de convivencia, de respeto, de autocuidado, por ejemplo,
son fundamentales en la casa, en el colegio, en el ámbito público y privado.
UNFPA hace un llamado a la sociedad y al Estado para
desnaturalizar estas formas de violencia y prácticas nocivas contra niñas y
adolescentes, involucrando en los procesos de prevención a los hombres,
impulsando la construcción de nuevas masculinidades positivas, no machistas, no
violentas.