La Paz, 09 de abril (ATB Digital).- En la fase de testimonios del caso Golpe de Estado II, la expresidenta de facto Jeanine Añez confirmó que la determinación de que ella tome el poder se resolvió, no en la Asamblea Legislativa, como manda la Constitución, sino en una reunión de embajadores, políticos y la jerarquía católica en la Universidad Católica Boliviana (UCB), en la ciudad de La Paz el pasado 10 de noviembre de 2019.
“Son de conocimiento público esas reuniones en la UCB. En ese momento, ahí también salió mi nombre. No era porque era Jeanine Añez, sino por la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores. En ese momento fue que dijeron, respetando la sucesión constitucional: ‘¿Usted, asumiría el poder?’, se me preguntó. Yo dije si tengo el apoyo, por qué no me voy a imponer”, manifestó ante el Tribunal 1 de Sentencia Anticorrupción.
El encargado de hacerle la propuesta a la exsenadora fue el asesor de Carlos Mesa, Ricardo Paz Ballivián. a La reuniéron además del delegado de Mesa, de Luis Fernando Camacho y de Waldo Albarracín. También estuvieron presentes el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Aurelio Pesoa; el obispo de El Alto, Eugenio Scarpellini; el obispo auxiliar de El Alto, Giovani Arana; y el embajador de la UE León de la Torre, y no fueron convocados dirigentes del MAS o del gobierno de entonces.
Además de la confirmación de esa reunión, Añez asumió la responsabilidad por las acciones que ejecutó para llegar a la presidencia del Estado Plurinacional. “Yo no eludo mis responsabilidades. Yo no he pedido nunca impunidad”, sostuvo.
Pese a las consecuencias de su determinación, Añez mencionó que tomó la decisión de asumir el poder de buena fe y reconoció que su gobierno debió ser de transición y que su mandato debió durar sólo tres meses.
En el final de su testimonio, no se arrepintió por lo sucedido y dijo por el contrario que se siente “orgullosa” por las resoluciones que adoptó para tomar la titularidad de la Cámara de Senadores y luego la presidencia del Estado, pese a las 39 víctimas a bala muertas en las denominadas masacres de Sacaba y Senkata y los cerca de 800 heridos, la mayoría por arma de fuego, que dejó su gobierno, ello sin contar con los cientos de perseguidos, torturados y exiliados de su gobierno.
“Como mi declaración creo que ha sido contundente, me voy a abstener de hacer otras declaraciones”, sostuvo.
La exmandataria de facto recurrió luego a su derecho al silencio y eludió la fase de preguntas y solicitud de aclaraciones que debía desarrollarse, pese a los reclamos de los fiscales del Ministerio Público y de los abogados de la Procuraduría General del Estado, del Ministerio de Gobierno y del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez.
El Tribunal 1 de Sentencia Anticorrupción determinó que el juicio oral ingrese en un receso hasta el martes 12 de abril. El acto procesal se desarrollará para la presentación de las pruebas documentales acumuladas por las partes.
El proceso penal se hará de manera semipresencial, puesto que los abogados de los acusadores y los procesados podrán asistir a la sala de audiencias del Tribunal 1. Los juristas que decidan no presentarse en el lugar podrán participar por vía virtual.
ICL- ATB Digital, con datos de Ahora El Pueblo