La Paz, 15 de junio 2022 (ATB Digital).- En al menos siete universidades públicas del país se registraron 84 denuncias con pruebas de presuntos hechos irregulares referidos a la designación de docentes que no cumplen con requisitos para dictar clases, asignación de notas y clanes familiares, informó este miércoles el diputado Héctor Arce (MAS).
“Hemos recibido denuncias escritas de las universidades, con pruebas que las estamos revisando y procesando. Tenemos aquí un cuadro (…), un total de 84 denuncias por hechos irregulares, designación de docentes, de clanes familiares, situaciones irregulares en la asignación de notas, nos preocupa profundamente y nos llama la atención”, afirmó el legislador.
Según una nota de prensa de la Cámara de Diputados, los reclamos por escrito provendrían de las universidades Mayor de San Andrés de La Paz (2), Técnica de Oruro (4), la San Simón de Cochabamba (8), Autónoma “José Ballivián” del Beni (1), Amazónica de Pando (10), Juan Misael Saracho de Tarija (6), y Pública de El Alto (3), haciendo un total de 34. Las restantes 50 denuncias son acusaciones verbales que recibió Arce.
Luego de la tragedia en la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí, el legislador cochabambino inició un trabajo de fiscalización para transparentar la administración de las 11 casas de estudios superiores públicas de Bolivia.
El 18 de mayo envió una Petición de Informe Escrito (PIE) al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), para esclarecer el manejo de los recursos económicos para la contratación de docentes, los sueldos que perciben, viajes, becas y los estudiantes que ingresan y egresan, entre otros datos.
“Hemos realizado los PIE´s a las 11 universidades públicas y a la CEUB (…). Pero la CEUB ha enviado notas, pidiendo una ampliación de plazo, vamos a darles 10 días más de plazo de acuerdo a lo que establece nuestro reglamento, con el objetivo de que nos remitan una información fiable, completa, para procesar precisamente toda esta información”, agregó.
Por otro lado, adelantó que prepara una denuncia penal contra docentes y estudiantes de la Universidad Pública de El Alto, quienes supuestamente en 2020 y 2021, habrían firmado una resolución para que el plantel estudiantil apruebe sin necesidad de pasar clases.
Fuente: ABI