Santa Cruz, 1 de junio 2022 (ATB Digital).- Una denuncia por el delito de prevaricato fue presentada por personal del Ministerio de Justicia contra los dos jueces que dieron curso en tres horas a un recurso para el traslado de Misael Nállar, acusado del asesinato de dos policías y un voluntario del Gacip, del penal de Chonchocoro de La Paz a Palmasola de Santa Cruz.
El ministro de Justicia, Iván Lima, informó de la acción penal asumida y del pedido al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Supremo de Justicia de intervenir el Tribunal Séptimo de Sentencia, donde los jueces Freddy Coronel y Yaneth Paniagua favorecieron a Nállar concediendo la tutela de un recurso de acción de libertad por vulneración de sus derechos.
Con el favorecimiento viabilizado, el juez de La Guardia Rodrigo Vedia debía revisar su decisión de enviar a Nállar al penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Una vez notificado con el recurso y en el marco del plazo, Vedia reafirmó su decisión inicial y el principal acusado del triple asesinato deberá permanecer en el penal del altiplano paceño.
El artículo 173 del Código Penal determina sobre el delito de prevaricato: “La jueza o el Juez que en el ejercicio de sus funciones dictare resoluciones manifiestamente contrarias a la Ley, será sancionado con privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años”.
Nállar fue recluido la madrugada del sábado 25 de junio en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, de La Paz, acusado por el asesinato de los policías Eustaquio Olano y Alfonso Chávez, del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (GACIP), y del voluntario de esta unidad José David Candial perpetrado en el Urubó, en Porongo, el 21 de junio. Sus presuntos cómplices, Raúl Caballero y Esteban Beltrán, también fueron encarcelados.
“Hemos pedido el Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo de la Magistratura que intervengan ese juzgado, hemos visto graves irregularidades en una acción de libertad que se ha iniciado sin ningún sorteo a las 2.30 y a las 17.30 ya tenía sentencia”, denunció Lima y aseguró que el juez y el fiscal no fueron notificados.
Los dos policías y el voluntario fueron ejecutados, según la pesquisa policial. Cuando se les disparo con armas de grueso calibre militar estaban de rodillas y con las manos en el piso.
(LaRazón)
