Cochabamba, 11 ago 2022 (ATB Digital).- El inicio del juicio oral contra Yassir
Molina, Mario Bascopé R., Fabio Bascopé R. y Milena Soto L., miembros de
la “parapolicial” Resistencia Juvenil Cochala (RJC), por provocar
destrozos en la edificación de la Fiscalía General del Estado (FGE) en
2020, fue reprogramado para el 7 de noviembre.
“Se
cuenta con una nueva fecha de señalamiento del inicio del juicio oral,
en mérito a que el juez penal de sentencia de la capital fue recusado en
el proceso y el mismo ha sido apartado”, informó el fiscal de materia,
Javier Gorena, en entrevista con Bolivia TV.
La
autoridad fiscal detalló que la autoridad judicial, al ser apartado, se
declaró incompetente, por lo que, conforme al procedimiento, remitió el
caso a un nuevo sorteo en el cual se eligió al Juzgado Tercero en lo
Penal donde se desarrollará el proceso.
“El
Juzgado Tercero en lo Penal, de acuerdo a la agenda de su despacho, ha
señalado el inicio del juicio para el 7 de noviembre de la presente
gestión”, aseveró Gorena.
Los cuatro
principales investigados fueron denunciados por la presunta comisión de
los delitos de organización criminal con relación al delito de
destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional;
tenencia, porte o portación y fabricación ilícita y daño calificado.
Se
tenía programado que el juicio inicie en septiembre; sin embargo, como
el juez fue apartado de la causa el inicio del juicio será en noviembre.
Según
los elementos colectados por la Fiscalía, se estableció que Molina,
Soto y los hermanos Bascopé, en su calidad de cabecillas, impartieron
instrucciones y directrices para que sus subordinados ejecuten el hecho
ilícito en la FGE, que es considerada patrimonio arquitectónico de
Sucre.
A finales de mayo, la Fiscalía
amplió la acusación por presunta complicidad en contra de Mario S.S. y
Ayda R.L.T., quienes habrían facilitado los medios logísticos y recursos
humanos para engrosar las filas de esta organización con el fin de
cometer el hecho criminal.
El
Ministerio Público presentará 128 elementos de pruebas documentales y 28
pruebas testificales con la finalidad de demostrar la autoría,
participación de los principales investigados y sus cómplices, por lo
que se pide 20 años de cárcel.
En la
actualidad, Molina guarda detención preventiva en la cárcel de San Pedro
(Oruro) y los hermanos Bascopé están en el penal de San Roque (Sucre).
En tanto, Milena Soto se favoreció con detención domiciliaria en
Cochabamba.
La temida Resistencia Juvenil Cochala
La “parapolicial” RJC fue calificada como un grupo violento que se trasladaba en motocicletas y causaba zozobra en la población.
Fue protagonista de momentos violentos durante el Gobierno de facto de la autoproclamada presidenta Jeanine Añez.
El
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI- Bolivia),
que indagó los hechos de violencia y las masacres de Senkata y Sacaba en
2019, recomendó al Estado Boliviano desarticular estos grupos
“parapoliciales” para evitar que se repitan hechos violentos.