Mundo, 23 ago 2022 (ATB Digital).- Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron hoy una pena de
12 años de prisión contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina
Fernández de Kirchner, a quien acusaron de haber encabezado una
asociación ilícita que defraudó al Estado durante 12 años por un monto
de mil millones de dólares.
“Se trata de la mayor maniobra de
corrupción que se haya conocido en el país”, afirmó Luciani al advertir
que la sanción pedida incluye la inhabilitación perpetua para ocupar
cargos públicos.
Por la mañana, mientras los fiscales todavía
ofrecían su alegato, la expresidenta sorprendió al solicitar al tribunal
que mañana se le permita ampliar su declaración indagatoria.
“Los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas“, aseguró.
El
pedido de condena se conoció después de más de siete horas de
audiencia. En cuanto terminó, el presidente Alberto Fernández emitió un
comunicado para apoyar a la expresidenta.
“El Gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta
que quedó expresada hoy, una vez más… la tipificación abusiva de la
figura de asociación ilícita, la imposición de una pena preventiva como
pena anticipada son todos aspectos que contradicen la dogmática del
derecho penal”, señaló el escrito.
Agregó que ninguno de los actos
atribuidos a Fernández de Kirchner ha sido aprobado. “Toda la acusación
de la carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese
periodo, lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios
del Derecho Moderno”, afirmó.
La
expresidenta es la protagonista de lo que se ha denominado como la
“Causa Vialidad”, ya que se originó en una auditoría realizada por la
Dirección Nacional de Vialidad en 2016, bajo el Gobierno de su sucesor,
Mauricio Macri, y que investiga 51 contratos que obtuvo el empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, ubicada en el extremo sur del país, y que ha sido el feudo político de la familia Kirchner.
El
fallecido esposo y antecesor de la vicepresidenta, Néstor Kirchner,
gobernó esa provincia de 1991 a 2003, año en el que se convirtió en
presidente. Desde entonces, Báez, uno de sus amigos más cercanos,
comenzó a obtener licitaciones que lo enriquecieron. En total, se quedó
con el 78.5% de los contratos de obras viales.
A pesar de que
cobró la totalidad de los fondos públicos, sólo terminó 27 de las 51
licitaciones. En la mayor parte de los casos, con sobreprecios
millonarios.
De acuerdo con la fiscalía, los Kirchner y otros 12 exfuncionarios y empresarios que también están imputados participaron en una red para beneficiar a Báez, quien obtenía las licitaciones y, de manera paralela, hacía negocios con las firmas hoteleras de la familia presidencial.
El
juicio, que se realiza vía remota, comenzó en mayo de 2019 y continuará
en las siguientes semanas con las últimas exposiciones de los acusados.
Se prevé que, a más tardar en diciembre, los jueces Jorge Gorini,
Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu emitirán una sentencia que
después podrá ser impugnada por los acusados, quienes han negado por
completo los cargos.
Polémica
Hace tres semanas, el fiscal Luciani provocó un revuelo al iniciar sus duros alegatos contra los Kirchner.
“Al
asumir Néstor Kirchner la presidencia de la Nación y luego su esposa,
Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la
administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país”, acusó.
También
aseguró que las pruebas acreditaban que de 2003 a 2015 funcionó en el
seno del Estado “una asociación ilícita de características singulares,
se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a
quienes fueron jefes de Estado y de la que participaron diversos
funcionarios públicos”.
Las imputaciones de Luciani lo
transformaron de inmediato en una estrella de la prensa y políticos
opositores que presionan desde hace años para que Fernández de Kirchner
sea condenada y que ya dieron por probada la culpabilidad de la
vicepresidenta.
Por el contrario, Fernández de Kirchner ha
reiterado en varias ocasiones que el juicio y las acusaciones sólo
forman parte de un “show” y una persecución judicial (o “lawfare”) que
busca proscribirla e impedir que siga participando en política y que,
por lo tanto, la condena ya está escrita de antemano.
Esta
polarización recrudeció durante los últimos días, ya que funcionarios,
diputados, senadores, gobernadores y diferentes personalidades se
pronunciaron a favor de la vicepresidenta.
A ese clamor se sumó el
expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien comparó la “persecución”
contra Fernández de Kirchner con la que sufrió Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil.
“Reiteramos
nuestra solidaridad y apoyo a la hermana (Cristina). Conocemos como
dirigentes lo que significa ser perseguidos jurídicamente por
derechistas que buscan eliminarnos políticamente. Nuestra defensa
siempre será con la conciencia del pueblo, la verdad y la honestidad”,
afirmó.
Desde la oposición, el fiscal Carlos Stornelli enrareció
aun más el clima al manifestar su preocupación por la seguridad de su
colega Luciani, quien encabezó los alegatos contra Fernández de
Kirchner.
Incluso lo equiparó con Alberto Nisman, el fiscal que
fue encontrado muerto en su casa en enero de 2015, días después de haber
acusado a la entonces presidenta de “traición a la patria”.
RT