La Paz, 19 sep 2022 (ATB Digital).- El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que se investigarán todas
las actividades de la empresa constructora china Harbour Engineering
Company (Chec) en Bolivia, luego que se detectó una presunta coima, que
implica también a funcionarios de la Administradora Boliviana de
Carreteras (ABC), para la adjudicación de una carretera en Chuquisaca.
La autoridad explicó este domingo, durante una entrevista en la
televisora estatal, que corresponde activar este procedimiento judicial
cuando se detecta un caso de “lavado de dinero” o legitimación de
ganancias.
“Por compromiso internacional de Bolivia, por convenios
internacionales, cuando hay un caso de lavado de dinero, hay la
necesidad investigar todas las actividades de la empresa en Bolivia”,
precisó Lima.
En ese marco, detalló que esto implica investigar todas las
actividades que realizó la empresa en el país, desde que llegó hasta el
último contrato, “y eso no implica que los anteriores contratos sean
irregulares”, aclaró el Ministro de Justicia.
Por este caso, Jin Zhengyuan (representante de la empresa china) y el
ciudadano boliviano Esteban A. S., fueron enviados al penal de San
Pedro, de La Paz, por seis meses con detención preventiva.
El empresario chino es acusado de favorecerse con la adjudicación de
la construcción de la carretera doble vía Sucre-Yamparaez, mediante una
coima de Bs 18 millones.
Lima agregó que también se investiga a todos los funcionarios de la
ABC que participaron del proceso de licitación en el que se detectaron
irregularidades, como el hecho de que el 27 de diciembre de 2021, al
inicio del trámite, se presentaron documentos notariales que fueron
impresos y vendidos el 26 de enero de 2022.
“No era posible que en esa fecha la empresa china Harbour hubiera
presentado el documento (…) que se tiene que presentar ante la comisión
el 27 de diciembre de 2021, pues no existía, porque el papel recién se
iba a vender en enero”, precisó el ministro.
En ese marco, aseveró que ahí quedó en evidencia la responsabilidad
de la comisión de calificación y por lo tanto “requerimos un proceso
penal, que aclare esta situación”.
LA RAZÓN