Mundo, 18 oct 2022 (ATB Digital).- Arturo Murillo Prijic, el preso número
02358-506 del Centro de Detención Federal de Seguridad Administrativa
del condado de Miami Dade, Florida, Estados Unidos, se presentará en
audiencia el jueves 20 de octubre para declararse culpable ante la
justicia estadounidense por los delitos de soborno internacional y
lavado de dinero.
La Procuraduría
General del Estado informó en su momento que el próximo jueves el
encargado de la seguridad interna del país y segunda autoridad en
importancia del gobierno de facto de Jeanine Áñez asumirá su
culpabilidad por ambos delitos que están vinculados al caso de la compra
de material antidisturbios durante el gobierno de la ahora sentenciada a
10 años de prisión en Bolivia.
El
procurador Wilfredo Chávez explicó el pasado 6 de octubre que, con esa
decisión, Murillo no se someterá a un juicio con jurados, en el distrito
judicial del sur de la Florida, y que podría recibir una sentencia de
seis años de cárcel.
La justicia de Estados Unidos ya dictó sentencia a los cómplices confesos de la exautoridad.
Philip Lichtenfeld, los hermanos Bryan y Luis Berkman y Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal se declararon culpables en Florida.
La
autoridad judicial sentenció en julio pasado a Philip Lichtenfeld a 26
meses de prisión, el pago de una multa de 75.000 dólares y trabajo
comunitario de 300 a 1.000 horas, por los delitos de conspiración para
cometer un delito de soborno internacional y violación de la ley de
prácticas corruptas en el extranjero.
Bryan
y Luis Berkman también fueron hallados culpables por esos delitos, y
condenados a 28 meses de cárcel cada uno, además de 300 a 1.000 horas de
trabajo comunitario.
Sergio Rodrigo
Méndez Mendizábal fue sentenciado a 42 meses de prisión por el delito de
conspiración para cometer lavado de dinero y de 300 a 1.000 horas de
trabajo comunitario.
De acuerdo a las
autoridades estadounidenses, Lichtenfeld y Berkman habrían pagado
602.000 dólares en sobornos en beneficio de Murillo y Méndez a cambio de
asegurar un contrato de 5,6 millones de dólares para la entrega de gas
lacrimógeno y otros equipos no letales al Ministerio de Defensa de
Bolivia entre noviembre de 2019 y abril de 2020.
Arturo
Murillo fue uno de los hombres de perfil más alto durante la
presidencia de Áñez. Su gobierno desembolsó $us 5,7 millones por la
compra de gases lacrimógenos a la intermediaria Bravo Tactical
Solutions, pero ésta solo pagó a la empresa brasileña Cóndor $us 3,3
millones por su adquisición.
En ese marco, el daño económico al Estado es de $us 2,3 millones.
De
estos 2,3 millones de dólares, 582.000 fueron para Rodrigo Méndez,
exjefe de gabinete de Arturo Murillo, y el resto fue dividido entre los
tres ciudadanos estadounidenses.
Detenido
en una cárcel de Miami desde 2021, se estableció que el exministro de
Áñez utilizó bancos estadounidenses para movilizar esos recursos
económicos.
En los días para consolidar el golpe de
Estado de 2019, con masacres de ciudadanos desarmados, el entonces
ministro de Gobierno insinuaba que los mismos manifestantes habían
disparado a sus compañeros por la espalda.
“Tengo
videos que prefiero no mostrar para no impactar y muchos de los muertos
que tenemos confirmados tienen tiros en la nuca, ¿cómo pudieron recibir
un tiro ahí?, ¿el compañero de atrás le disparó?”, insinuaba en
declaraciones a la prensa.
Sin
embargo, en un video que circuló en el sitio La Colmena News y otros
digitales, el mismo Murillo admitía que las balas fueron disparadas por
militares.
En las imágenes, Murillo y
su viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, pasan
revista policial y militar a los efectivos, y sus blindados, que tomaron
la avenida Mariscal Santa Cruz, frente a Tránsito, en una noche fría
antes del 20 de noviembre de 2019.
Ambas autoridades conversan mientras verifican el estado de las fuerzas de represión del Estado.
En un momento, el entonces titular de Gobierno señala a dos vehículos de asalto de las Fuerzas Armadas.
– Estos son los que han metido bala a los…
No termina la frase, pero Santamaría la completa.
– …a los de Senkata ¿no?
– Claro pues, dice el titular de Gobierno en tono de mordaz ironía.
Como
consecuencia del golpe de Estado, 38 personas murieron en noviembre de
2019 y otros miles fueron perseguidos, detenidos o torturados, como
señalaron diversas investigaciones internacionales independientes de
derechos humanos.
Con el retorno de la democracia, se estableció como responsables de las muertes a las fuerzas de represión del Estado.
Juicio
La
Asamblea Legislativa aprobó en octubre de 2020 un informe que
recomienda juicio de responsabilidades a la mandataria inconstitucional y
a 11 ministros de su primer gabinete por los delitos de resoluciones
contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes,
genocidio, asesinato, lesiones graves, lesión seguida de muerte,
asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de
personas.
El juicio de
responsabilidades incluye, además de Áñez, a Karen Longaric (canciller),
Jerjes Justiniano (exministro de la Presidencia), Arturo Murillo
(Ministro de Gobierno), Fernando López (Ministro de Defensa), José Luis
Parada (exministro de Economía), Álvaro Guzmán (exministro de Energía),
Yerko Núñez (Ministro de la Presidencia), Álvaro Coímbra (Ministro de
Justicia).
Esa nómina también está
integrada por María Elva Pinckert (Ministra de Medio Ambiente y Agua),
Mauricio Ordoñez (exministro de Desarrollo Rural y Tierras) y Roxana
Lizárraga (exministra de Comunicación) por la firma del Decreto 4078 y
las muertes que ocurrieron en Sacaba, Cochabamba; Senkata, La Paz y
Yapacaní , Santa Cruz.
Áñez y su
primer gabinete firmaron el Decreto Supremo 4078, que eximió de
eventuales juicios penales a los militares, que luego de los operativos
combinados fue abrogado.
CIDH
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fue la primera
entidad en investigar los sucesos, consideró que lo ocurrido en Sacaba y
Senkata fueron masacres.
El Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó,
tras la investigación de una misión de observación de tres semanas en el
país, que el gobierno de Áñez incurrió en “graves violaciones a los
derechos humanos” durante las protestas de noviembre de 2019 en el
barrio alteño de Senkata y en Sacaba, Cochabamba.
Amnistía
Internacional, por su lado, denunció “impunidad” tras el uso “excesivo e
innecesario” de fuerzas del Estado contra las protestas que se
opusieron a la asunción Áñez a la presidencia del Estado y que dejaron
al menos 36 muertos por amas de fuego, la mayoría de ellos en Senkata y
Sacaba.
ABI