La Paz, 20 de octubre de 2022 (ATB Digital).– El Gobierno nacional recuperó una “buena parte” de los $us 2,3 millones del sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos y otros equipos no letales durante el gobierno de facto de Jeanine Añez y que por cuya razón es procesado el exministro Arturo Murillo en Estado Unidos.
El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, indicó que ello se concretó gracias a diferentes “gestiones” realizadas en Estados Unidos y que, además, la decisión de Murillo de declararse culpable por corrupción y lavado de dinero viabilizará el juicio civil para recuperar la totalidad de los fondos.
La admisión de Murillo “era un dato importante que necesitábamos para el juicio civil que hemos iniciado allá, en los Estados Unidos, para recuperar los activos, el dinero. Se ha recuperado una buena parte del dinero por gestiones que se han hecho internamente y a nivel de acuerdos allí, todavía no puedo adelantar más de lo que le menciono”, indicó Chávez en declaraciones a La Razón Radio.
De acuerdo con el procurador, luego de que Murillo admita su culpa este jueves en la Corte del Distrito Sur de Florida, se realizará una nueva audiencia donde se le dictará condena con una posible pena de entre tres a diez años de prisión.
Una vez ocurra ello, se dará vía libre al proceso civil contra Murillo que la Procuraduría General del Estado activó en Estados Unidos.
“Vamos a esperar todavía que en la siguiente audiencia le impongan pena o condena, con aquello se convierte en cosa juzgada (e) inmediatamente todos esos antecedentes pasan al juicio civil”, detalló.
En ese proceso, Murillo, junto con Philip Lichtenfeld, los hermanos Bryan y Luis Berkman y Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, que ya fueron sentenciados en Estados Unidos por los delitos de conspiración para cometer un delito de soborno internacional y violación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero, enfrentará el juicio.
“Son más de 2,3 millones de dólares sólo en este caso burlado a los bolivianos en tiempos de pandemia, esperamos que el 2023 se cierre ese proceso y recuperemos los dineros que se han llevado de manera tan delictiva haciendo esos movimientos de lavado de dinero”, sostuvo Chávez.
De acuerdo a las autoridades estadounidenses, Lichtenfeld y los hermanos Berkman habrían pagado $us 602.000 en sobornos en beneficio de Murillo y Méndez a cambio de asegurar un contrato de $us 5,6 millones para la entrega de gas lacrimógeno y otros equipos no letales al Ministerio de Defensa de Bolivia entre noviembre de 2019 y abril de 2020.
Murillo fue uno de los hombres de perfil más alto durante la presidencia de Añez. Su gobierno desembolsó $us 5,7 millones por la compra de gases lacrimógenos a la intermediaria Bravo Tactical Solutions, pero ésta solo pagó a la empresa brasileña Cóndor $us 3,3 millones por su adquisición.
En ese marco, el daño económico al Estado es de $us 2,3 millones.
De estos 2,3 millones de dólares, $us 582.000 fueron para Rodrigo Méndez, exjefe de gabinete de Arturo Murillo, y el resto fue dividido entre los tres ciudadanos estadounidenses.
Detenido en una cárcel de Miami desde 2021, se estableció que el exministro de Añez utilizó bancos estadounidenses para movilizar esos recursos económicos.
Acorralado, Murillo optó por admitir su culpa y este jueves lo formalizará ante un tribunal en Florida.
Ya en julio pasado, la justicia estadounidense sentenció a Philip Lichtenfeld a 26 meses de prisión, el pago de una multa de $us 75.000 y trabajo comunitario de 300 a 1.000 horas, por los delitos de conspiración para cometer un delito de soborno internacional y violación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero.
Bryan y Luis Berkman también fueron hallados culpables por esos delitos, y condenados a 28 meses de cárcel cada uno, además de 300 a 1.000 horas de trabajo comunitario.
Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal fue sentenciado a 42 meses de prisión por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero y de 300 a 1.000 horas de trabajo comunitario.
De acuerdo con el procurador, dado que Murillo optó por declararse culpable no “podrá apelar la condena” como tampoco “pedir una reducción” porque los delitos de conspiración para cometer un delito de soborno internacional y violación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero son “infracciones graves” en Estados Unidos.
Una vez Murillo cumpla su condena, será extraditado al país para que responda a las más de una decena de procesos que se le iniciaron por varios hechos de corrupción y también por las masacres de Senkata y Sacaba que dejaron más de una treintena de muertos y cientos de heridos.