La Paz, 24 de octubre 2022 (ATB Digital).- Los cabildos del contraste en Santa Cruz. El organizado por el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz Rómulo Calvo y el opositor gobernador Luis Fernando Camacho, del 30 de abril, “aprobó” el “Censo 2023 Si o Si”. En contraste, el de las organizaciones sociales y populares, del 22 de octubre, decidió la “construcción de un censo en consenso” el 2024.
El “Si o Si” es utilizado como justificativo del paro indefinido que ya cobró una vida en Puerto Quijarro, y está pronto a dejar sin gasolina y diésel al transporte público, a la agroindustria y a toda actividad comercial. También afecta la normalidad en la educación, atención en salud pública y el abastecimiento de alimentos.
Al pie del Cristo Redentor, los comiteístas hicieron aprobar la pregunta: “¿Están de acuerdo en dar un plazo de 21 días calendario para cumplir con el pedido y si el Gobierno no responde a este pedido entramos en un paro indefinido a partir del 22 de octubre, del 2022, que solo se suspenderá cuando el Gobierno publique el Decreto Supremo que establezca la fecha del censo dentro del año 2023?”.
El fin de semana, los radicalizados -gobernador Fernando Camacho, cívicos y autoridades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM)- rompieron el diálogo por el censo con el Gobierno y alentaron continuar con el paro que, sin embargo, se cumple a medias por las actividades gremiales, del transporte y de servicios.
Por otro lado, las organizaciones sociales, populares y de naciones indígenas originarios campesinos de Santa Cruz realizaron por primera vez el “gran cabildo del pueblo” al pie del monumento al Chiriguano, un pueblo indíguena guerrero.
Allí, aprobaron defenderse del ataque de las “élites cruceñas” y exigir al gobierno garantizar el derecho al trabajo y a la libre circulación, además rechazaron el paro y reivindicaron la defensa de la economía popular.
También declararon un estado de emergencia en defensa de la democracia y estabilidad del gobierno nacional y construir un censo con consenso.
Los dos cabildos
Camacho y Calvo, apoyado en su cabildo, pretenden imponer su decisión al resto de los departamentos.
En cambio, la de las organizaciones sociales e indígenas originarios campesinos tiene una visión nacional y de construcción colectiva.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, dejó aclarado en la mesa de diálogo, abandonada por Camacho y su comisión, que el ejercicio democrático del cabildo no es exclusivo del Comité Cívico ni de la Gobernación cruceña.
La Constitución Política del Estado determina que Bolivia practica la democracia intercultural en sus formas directa y participativa, representativa y comunitaria, mediante referéndum, revocatorio, asamblea y cabildo.
La Ley del Régimen Electoral regula que estas formas democráticas son “para la formación, ejercicio y control del poder público, para deliberar y decidir políticas públicas, controlar la gestión pública”. No tienen un carácter vinculante, pero deberán ser consideradas por las autoridades y representantes en los niveles de decisión que corresponda.
Prada y la comisión negociadora del Gobierno escuchó el sábado a Camacho y en atención a una propuesta del rector de la UAGRM Vicente Cuéllar planteó un proyecto de decreto que dejó “abierta” la fecha del censo hasta que un trabajo técnico lo defina, sin embargo el gobernador la rechazó y se mantuvo en la exigencia de censo en 2023 y en 120 días los resultados.
Mientras tanto el Cabildo del Pueblo logró este lunes reunirse con autoridades de Gobierno y planteó convocar a un Encuentro Nacional por el Censo con todos los gobernadores, alcaldes, organizaciones sociales y populares, estudiantes, académicos, pueblos indígenas originarios campesinos.
Fuente: ABI