La Paz, 24 de octubre 2022 (ATB Digital).- El Tribunal Administrativo de la Organización de Estados Americanos (OEA) falló en contra del secretario general del organismo, Luis Almagro, por “daños morales, personales y profesionales” causados al abogado Paulo Abrão, a quien vetó para ejercer un nuevo mandato en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Razón, en su versión digital, informó de la determinación administrativa del tribunal contra Almagro, quien en 2020 justificó su veto por supuesta 61 denuncias en contra del abogado que encargó las investigaciones sobre los hechos de violencia y muerte ocurridas en la crisis de 2019 en Bolivia.
“Declarar con lugar la solicitud del recurrente de un indemnización en concepto de reparación de los daños morales, personales y profesionales”, determina parte del fallo del Tribunal Administrativo en favor del abogado brasilero.
También se le deberá permitir el “ejercicio del derecho a la rectificación o respuesta establecida en el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.
Uno de los tres puntos de este artículo prevé que “toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley”.
Además, se ordenó que la Secretaría General de la OEA entregue información sobre la fecha de su ingreso a la CIHD, la denominación de su cargo, la fecha de terminación de su cargo, la propuesta textual realizada en su momento por la Comisión para la extensión de su mandato y “una declaración de que, a la fecha de terminación del contrato, no existía ninguna investigación o hallazgo formal ni sanción contra él”.
Almagro hizo público un informe preliminar en 2019 sobre supuestas irregularidades en las elecciones en Bolivia, cuestionadas después por diferentes estudios externos, que agudizó una crisis alentada por protestas cívicas, a las que se sumó un motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión, que derivó en un golpe de Estado.
La exsenadora Jeanine Áñez, apoyada por cívicos y políticos de oposición, tomó el poder en noviembre de 2019. A días en el poder se dio las masacres de Sacaba y Senkata con más de una veintena por impactos de bala, en medio de intervenciones policiales-militares de protestas.
Abrão estuvo al frente de la CIDH cuando se formó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), instancia que indagó los hechos de violencia y muerte en Bolivia.
Fuente: ABI